El Congreso de los Diputados está considerando una reforma a su reglamento interno para excluir a ciertos periodistas considerados como propagadores de bulos y odio. Según Alfonso Rodríguez de Celis, vicepresidente socialista, estos profesionales estarían erosionando la democracia mediante plataformas no reconocidas oficialmente. Aunque apoyada por la mayoría confederal y diversas asociaciones profesionales, esta iniciativa enfrenta críticas legales y éticas. La preocupación principal es que determinar qué medios son legítimos podría violar principios fundamentales de libertad de prensa, ya que, según el Tribunal Constitucional, el ejercicio periodístico no debe depender de titulaciones o afiliaciones profesionales.

Detalles sobre la Reforma Propuesta

En un momento político cargado de tensiones, el Congreso ha decidido abordar lo que perciben como una amenaza al orden público dentro de sus paredes. En un ambiente donde ciertas empresas comunicativas han sido acusadas de acosar a miembros del gobierno con preguntas provocativas, se propone restringir el acceso a quienes sean considerados "pseudoperiodistas". Sin embargo, este movimiento plantea dilemas legales. El reglamento actual no parece ser el marco adecuado para regular el derecho a la información, y las leyes orgánicas deberían ser las encargadas de establecer límites claros y proporcionados.

Además, existe temor de que esta medida pueda sentar un precedente peligroso. Si bien algunos argumentan que es necesario protegerse de injerencias extranjeras o intereses oscuros, otros advierten que esto podría convertirse en una herramienta para desacreditar cualquier crítica gubernamental. Esto plantea la pregunta: ¿qué ocurre cuando futuras Mesas del Congreso decidan aplicar criterios más restrictivos? ¿Podría esto llevarnos a una pseudodemocracia?

Desde una perspectiva periodística, esta reforma debería centrarse en garantizar transparencia y tipificar claramente las conductas inapropiadas en lugar de limitar quién puede ejercer el periodismo.

Como periodista o ciudadano informado, esta discusión nos lleva a reflexionar sobre el equilibrio entre la regulación necesaria y la protección de libertades fundamentales. Es crucial que cualquier cambio legal respete tanto el pluralismo mediático como el derecho a la crítica constructiva, evitando caer en prácticas que puedan socavar la propia democracia que pretende defender.