El próximo zar fronterizo, Tom Homan, designado por el presidente electo Donald Trump, ha anunciado planes que incluyen la detención y deportación de familias migrantes. Este enfoque marca un cambio significativo en las políticas migratorias, con implicaciones profundas para los inmigrantes indocumentados y sus hijos nacidos en Estados Unidos. El gobierno planea construir nuevas instalaciones y utilizar estructuras temporales para albergar a estas familias antes de su expulsión. Aunque Homan no tendrá control directo sobre ICE, se espera que su influencia sea considerable en la implementación de estas medidas.
La administración entrante de Trump está preparando cambios radicales en la gestión de la inmigración ilegal. Se prevé que el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplíe su capacidad de detención en varios estados para facilitar las deportaciones masivas. Este plan incluye la construcción de nuevas instalaciones y el uso de estructuras temporales, lo que generará preocupación entre defensores de derechos civiles y organizaciones humanitarias.
Homan declaró que las autoridades encarcelarán a familias migrantes en centros de detención antes de ser expulsadas del país. Esta medida implica la creación de infraestructura adicional para albergar a estos grupos. La expansión de la capacidad de detención es crucial para llevar a cabo las deportaciones masivas propuestas. Además, aunque el gobierno no tiene poder legal para deportar a niños nacidos en Estados Unidos, Homan sostiene que la responsabilidad de separar a una familia recae en los padres indocumentados. En contraste, la administración saliente de Biden puso fin a la práctica de la detención familiar en 2021 y cerró tres centros residenciales del Servicio de Migración y Control de Aduana. Estos cambios han sido criticados por organizaciones como la ACLU, que advierten sobre las consecuencias legales y éticas de tales acciones.
Las políticas migratorias bajo la nueva administración se centrarán en el cumplimiento estricto de la ley y en arrestos dirigidos a individuos con antecedentes penales. A pesar de la retórica de deportaciones masivas, Homan asegura que el proceso no involucrará redadas ni la participación directa de militares. Los arrestos estarán focalizados en personas consideradas amenazas para la seguridad pública.
Homan enfatizó que no busca separar familias, sino hacer cumplir la ley. Sin embargo, reconoció que la implementación de estas políticas podría resultar en separaciones familiares indirectas. Durante su tiempo como director interino de ICE en el primer mandato de Trump, Homan fue responsable de la política de tolerancia cero, que llevó a la separación de más de 4 mil niños de sus familias. Para materializar estas nuevas estrategias, la administración de Trump solicitará apoyo a la Guardia Nacional y buscará expandir la capacidad de detención de ICE en al menos seis estados. Esto representa un desafío logístico y legal significativo, dado que solo 6 mil funcionarios están encargados de monitorear y remover a los no ciudadanos. Defensores de derechos civiles y expertos en migración han expresado preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos y el impacto social de estas medidas.