El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado la necesidad de cumplir con una orden judicial emanada por el Tribunal Supremo que obliga al Estado español a acoger más de mil menores migrantes solicitantes de asilo. Durante un evento relacionado con la estrategia aeroespacial canaria en La Laguna (Tenerife), Clavijo destacó los desafíos que enfrenta su región debido a la saturación existente, lo cual dificulta garantizar plenamente los derechos de estos jóvenes. Además, se refirió a las negociaciones continuas con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para abordar la distribución adecuada de los menores y cumplir con los plazos establecidos.

En medio de este contexto legal y social, Clavijo subrayó que si el gobierno central carece de capacidad operativa para cumplir con la medida cautelar impuesta por el Tribunal Supremo, la situación de Canarias sería aún más complicada debido a su limitada infraestructura. Este problema no solo afecta al archipiélago, sino también a otros territorios españoles que han mostrado resistencia ante la acogida de estos menores. En respuesta, Canarias ha presentado alegaciones frente al escrito del gobierno central, defendiendo la importancia de cumplir con el auto judicial.

El tema ha generado tensiones entre el gobierno nacional y las comunidades autónomas. Clavijo argumentó que es imperativo utilizar las leyes para proteger los derechos fundamentales de los niños y niñas migrantes, especialmente aquellos que llegan solos a territorio español. Esta postura pone de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones colaborativas que equilibren las responsabilidades entre todas las partes involucradas.

Desde una perspectiva práctica, Clavijo ha enfatizado la importancia de implementar un decreto ley que facilite la redistribución eficiente de los menores migrantes entre las diferentes regiones del país. Este proceso debe realizarse de manera justa y oportuna, evitando cualquier tipo de retraso que comprometa aún más la calidad de vida de estas personas vulnerables.

Finalmente, el líder regional hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional, recordando que la protección de los derechos humanos debe ser una prioridad absoluta. Las palabras de Clavijo resaltan la complejidad del sistema actual y la necesidad de reformarlo para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad contemporánea. A través de un esfuerzo conjunto, tanto España como sus comunidades autónomas pueden trabajar hacia una solución sostenible que beneficie a todos los involucrados.