El Decreto 780/2024 del PEN: ¿Un Retroceso en la Transparencia Gubernamental?
El reciente Decreto 780/2024 del PEN ha suscitado preocupación en círculos académicos y de la sociedad civil, quienes lo perciben como un posible retroceso en el derecho ciudadano de acceso a la información pública. Bajo el argumento de proteger datos confidenciales, el decreto impone restricciones en la divulgación de información relacionada con actos gubernamentales y actividades de funcionarios públicos, lo que podría afectar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión estatal.Hacia una Gestión Pública Verdaderamente Transparente
La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública: Un Hito Importante
La aprobación de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública en 2016 representó un importante avance en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana en Argentina. Esta normativa reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública, fortaleciendo el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.Restricciones a la Transparencia Activa: Una Preocupación Creciente
Una de las disposiciones del Decreto 780/2024 que genera mayor inquietud es la que establece que las "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" sobre temas o actos de gobierno no serán considerados documentos de carácter público. Esto implicaría que las anotaciones personales durante reuniones de funcionarios o en agendas no estarían disponibles para la revisión pública.Esta medida limitaría significativamente la capacidad de los ciudadanos y los organismos de control para fiscalizar y evaluar las decisiones gubernamentales en sus etapas iniciales, donde a menudo se definen aspectos cruciales de las políticas públicas. La transparencia en estas etapas primigenias es fundamental para que la ciudadanía pueda influir en la toma de decisiones y definir la agenda estatal.El Problema del Excesivo Blindaje de Información
Otra preocupación es el blindaje de datos confidenciales o secretos de estado por un período de 10 años, por razones de defensa, política exterior o seguridad interior. Si bien esta disposición puede ser razonable en ciertos casos, existe el riesgo de que se utilice como una práctica habitual, donde al clasificar información de diversas áreas del Estado como secreta, se restringiría el acceso público a la misma.La Transparencia como Pilar de la Confianza Ciudadana
La transparencia es fundamental para construir una relación de confianza entre el Estado y la ciudadanía. Cuando los ciudadanos tienen pleno acceso a la información, pueden participar de manera más informada y empoderada en los asuntos públicos, así como ejercer un control efectivo sobre la gestión gubernamental.Sin este acceso a la información, se debilita la capacidad de la sociedad para exigir responsabilidad y rendición de cuentas a sus gobernantes. Esto puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones, lo cual representa un gran peligro para la legitimidad y la vida democrática.El Riesgo de la Discrecionalidad en la Definición de la Información Pública
Otro aspecto preocupante es la capacidad del Poder Ejecutivo Nacional de definir qué información se considera de interés público y cuál no. Esta discrecionalidad puede llevar a un uso arbitrario del poder, donde solo se divulgue lo que favorece al gobierno de turno.En un contexto donde la transparencia activa y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, este tipo de medidas restrictivas parecen ir en la dirección opuesta a los principios de un Estado Abierto y la participación ciudadana.Un Llamado a la Vigilancia y a la Defensa de la Transparencia
La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones sociales deben estar atentos y exigir que se garantice que la información pública siga siendo accesible y que el gobierno actúe con la transparencia que la ciudadanía merece y necesita, especialmente en tiempos de crisis y de crecientes demandas ciudadanas.Es imperativo que todas las medidas y decisiones gubernamentales aseguren una gestión pública abierta, transparente y responsable, y no todo lo contrario. De lo contrario, se corre el riesgo de erosionar los principios democráticos y debilitar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
