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Una situación desafiante enfrentó una madre venezolana junto a sus cuatro hijos en la ciudad de Tucson. Los miembros de la familia Bolivar vivieron momentos de angustia cuando agentes federales llegaron a su hogar para verificar el estatus legal de los niños y confirmar la relación familiar. Este incidente ocurrió por segunda vez el 25 de febrero, lo que generó preocupación y temor en Yoleidy Bolivar, quien expresó miedo de ser separada de sus hijos.

La intervención de un abogado especializado marcó un punto de inflexión durante la segunda visita. Gracias a la asesoría legal, se establecieron límites claros entre las autoridades y la familia. Luis Campos, un abogado de inmigración, explicó que sin una orden judicial específica, los agentes no tienen derecho a ingresar a una propiedad privada. Además, se destacó la importancia de conocer y ejercer los derechos constitucionales, como el derecho al silencio y la posibilidad de grabar las interacciones con las autoridades. Estas medidas garantizan que los migrantes puedan protegerse mientras colaboran con las investigaciones oficiales.

Esta experiencia subraya la importancia de estar bien informados sobre los derechos legales y contar con el apoyo adecuado en situaciones difíciles. Es fundamental que las familias migrantes tengan acceso a asesoramiento jurídico para enfrentar estos desafíos con confianza y seguridad. La solidaridad y el conocimiento son herramientas poderosas para mantener la unidad familiar y respetar los derechos individuales en tiempos inciertos.