El Ministerio de Defensa ha impuesto sanciones disciplinarias a varios altos oficiales, incluido el excomandante de la Armada Jorge Wilson, debido a la provisión de información falsa o retrasada durante una investigación sobre una compra directa realizada anteriormente. Esta adquisición, que involucró dos embarcaciones OPV al astillero español Cardama por más de 80 millones de dólares, fue ordenada por el exministro Javier García. El equipo actual del ministerio, liderado por Sandra Lazo, formó un grupo especial para revisar los procedimientos de esta transacción, ya que existían inconsistencias y faltantes en los documentos.

En el marco de este análisis, surgieron problemas significativos relacionados con la falta de claridad en los expedientes y las respuestas proporcionadas por miembros de la Armada. Las investigaciones revelaron que ciertos datos entregados al grupo eran incorrectos, lo que obstaculizó su trabajo. Además, se detectaron demoras injustificadas en la entrega de información crucial, afectando el cronograma establecido para esclarecer las circunstancias de la compra.

Las autoridades determinaron que estas acciones comprometían seriamente la transparencia y eficiencia del proceso. Por ello, aplicaron medidas disciplinarias rigurosas contra los responsables, destacando la importancia de mantener altos estándares éticos dentro de las fuerzas armadas.

Este caso refleja la necesidad de mejorar los mecanismos de control interno en operaciones de gran envergadura financiera. La ministra Sandra Lazo ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en todas las decisiones futuras del ministerio.

Como resultado de estas investigaciones, se espera que se implementen nuevas políticas y protocolos que garanticen mayor claridad y precisión en futuros procesos similares. Este paso busca restaurar la confianza pública en las instituciones militares y civiles involucradas.