En medio de un escándalo que ha conmocionado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha revelado un informe clave sobre la reestructuración de las sedes seleccionadas para albergar partidos en el Mundial 2030. Este documento, elaborado por María Tato, miembro destacado de la comisión organizadora, busca despejar dudas sobre posibles manipulaciones en los criterios de selección. El caso central gira en torno a la sustitución del estadio Balaídos por Anoeta en una decisión tomada dentro de un período de tan solo 48 horas. Aunque el informe concluye que no hubo influencia indebida de altos cargos, la polémica sigue generando preguntas sobre transparencia y procesos internos.
En un otoño lleno de tensiones deportivas y administrativas, España, Portugal y Marruecos avanzaban juntos en su ambiciosa candidatura para organizar la Copa Mundial de la FIFA en 2030. La meta era elegir cuidadosamente once sedes entre veinte propuestas iniciales, distribuidas equitativamente entre los tres países involucrados. Sin embargo, un cambio repentino en la lista final sacudió las bases de la RFEF.
El informe entregado por María Tato, compuesto por siete páginas, explica que el proceso de evaluación se centró en maximizar ingresos y minimizar costos, priorizando la sostenibilidad como eje fundamental. Según el documento, un "error técnico" en la calificación inicial de dos estadios fue responsable del cambio abrupto. Específicamente, los puntajes asignados a los estadios de Anoeta y Cornellá fueron revisados, elevando sus clasificaciones respecto a Balaídos.
El cronograma detallado del informe muestra cómo, durante un breve lapso de tiempo, las puntuaciones fueron ajustadas conforme a criterios técnicos establecidos por la FIFA. Estos cambios permitieron que Anoeta ocupara el undécimo lugar en la lista final debido a su menor necesidad de intervenciones estructurales. A pesar de estas explicaciones, la demora de la RFEF en responder públicamente alimentó las críticas hacia su gestión.
Desde julio de 2024, la FIFA ya contaba con un análisis exhaustivo de cientos de páginas sobre las sedes potenciales, lo que contrasta notablemente con la brevedad del informe interno presentado por Tato. Este hecho ha generado aún más debates sobre la seriedad con la que se abordaron estos cambios fundamentales.
Finalmente, tras la entrega del informe, la Federación decidió cesar a Tato de su cargo, aunque afirmaron que nunca habían puesto en duda su profesionalidad. El presidente Rafael Louzán, sin embargo, mantiene un silencio cauteloso frente a las acusaciones.
Este caso resalta la importancia de la transparencia en procesos tan delicados como la elección de sedes para un evento mundial. Aunque el informe oficial intenta justificar los cambios mediante errores técnicos, la rapidez con la que se tomaron decisiones cruciales plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión interna. En un mundo donde la confianza pública es vital, cualquier indicio de opacidad puede erosionar la credibilidad de instituciones clave como la RFEF. Este episodio debe servir como lección para futuros proyectos similares, asegurando que todas las decisiones sean comunicadas claramente y respaldadas por evidencias sólidas.