El líder de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso significativo al firmar órdenes ejecutivas destinadas a mitigar algunos de los aranceles del 25% impuestos sobre vehículos y autopartes. Este movimiento busca proporcionar un respiro a una industria que enfrenta el riesgo de verse perjudicada por los propios impuestos a las importaciones. Según expertos y fabricantes, estos aranceles podrían elevar los precios, reducir las ventas y disminuir la competitividad global de la producción estadounidense. Trump justificó esta medida como un puente hacia el traslado de mayor producción automotriz hacia su país.
En el marco de una visita a Warren, previo a su desplazamiento hacia Detroit, epicentro de la industria automovilística estadounidense, Trump anunció estas decisiones justo antes de que entrara en vigor una nueva ronda de impuestos sobre la importación de piezas. Con este anuncio, que coincide con el centésimo día de su mandato, se busca contrarrestar una percepción creciente entre los ciudadanos acerca de la gestión económica del presidente, marcada por preocupaciones relacionadas con el impacto de los aranceles sobre el crecimiento económico, la inflación y el empleo.
Desde abril, los vehículos importados han sido gravados con un impuesto del 25%, aunque se mantienen exenciones específicas para componentes provenientes de México y Canadá bajo el T-MEC. Para minimizar el efecto acumulativo de múltiples aranceles, Trump estableció que no se sumará el impuesto del 25% sobre vehículos con otros aplicados al acero o aluminio. Además, se otorgó un período de gracia de dos años a la industria para reorganizar sus cadenas de suministro hacia territorio estadounidense.
Los fabricantes que ensamblen vehículos en EE.UU. utilizando piezas importadas tendrán derecho a recibir reembolsos parciales. Durante el primer año, podrán recuperar un 15% del valor del automóvil, y un 10% durante el segundo año. Esto representa aproximadamente un 3.75% del precio de venta en el primer año y un 2.5% en el segundo. La intención es incentivar la fabricación local, permitiendo así un ajuste gradual hacia la producción nacional.
Un representante del Departamento de Comercio, hablando bajo anonimato, destacó que los fabricantes han confirmado que este margen adicional les permitirá acelerar la construcción de nuevas fábricas, lo cual era una necesidad expresada ante los retos logísticos derivados de cambiar sus cadenas de suministro.
Con estas medidas, el gobierno estadounidense apunta a fortalecer la base industrial nacional mediante incentivos temporales que faciliten la transición hacia una mayor dependencia de la producción interna. Aunque aún existen dudas sobre el impacto final en la economía y en la percepción pública, este cambio refleja un esfuerzo estratégico para equilibrar intereses comerciales e industriales en un contexto de transformación global.