El 8 de abril de 2025, se difundieron una serie de anuncios y resoluciones gubernamentales en la Gaceta Oficial número 43.104. Estas disposiciones abarcan diversas áreas del sector público venezolano, incluyendo correcciones administrativas, autorizaciones comerciales, nombramientos oficiales y delegaciones de poderes dentro de distintos ministerios. Entre los puntos destacados figuran medidas relacionadas con el SENIAT, designaciones en el Ministerio de Obras Públicas y delegaciones de funciones en entidades vinculadas al ecosocialismo y el Ministerio Público.

En materia fiscal, se corrigió un error material en una providencia previamente emitida por el SENIAT el 19 de marzo de 2025. Este ajuste fue necesario para garantizar la precisión en los documentos oficiales relacionados con las aduanas venezolanas. Además, se otorgó autorización a la empresa SERVICIOS ADUANEROS GUANTAMAR, C.A., identificada bajo el R.I.F. J-506462800, permitiéndole operar como agente aduanero en Guanta-Puerto La Cruz, incorporándose al registro oficial con el número 2.136.

Por otra parte, en el ámbito de infraestructura pública, Wilfredo González Venero fue designado como Director Estadal en el estado Apure dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Obras Públicas. Esta decisión refuerza la gestión regional del gobierno en esa entidad federal.

En el contexto ambiental, dos funcionarios clave recibieron delegación de atribuciones específicas. José Antonio Hernández Díaz, director general de Gestión de la Calidad Ambiental, y Edgar Octavio Gongalves Portillo, director general de Aprovechamiento de la Basura, asumen responsabilidades adicionales en sus respectivas áreas, facilitando la toma de decisiones en temas de manejo integral de residuos.

Finalmente, dentro del Ministerio Público, Angélica José Cedeño de Rodríguez, presidenta de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales, recibió facultades adicionales para actuar en procesos de contrataciones públicas, reforzando así la transparencia y eficiencia institucional.

Con estas acciones, las autoridades venezolanas buscan optimizar los procedimientos administrativos y fortalecer la ejecución de políticas públicas en diversos sectores estratégicos. Las medidas adoptadas evidencian un esfuerzo coordinado para mejorar la gobernanza y la gestión pública en el país.