La diputada Alejandra Moreno ha expresado serias inquietudes acerca de la gestión actual del ESE UNA bajo el liderazgo de Pablo Alberto de la Cruz. El 10 de febrero, este último no asistió a una reunión crucial con funcionarios gubernamentales, proveedores y trabajadores, donde se pretendía discutir la situación financiera de la entidad. Además, se han identificado retrasos significativos en pagos a empleados y proveedores, así como fallas en la entrega de informes requeridos por la Superintendencia de Salud. Estas situaciones sugieren una gestión poco transparente que pone en riesgo los derechos laborales y la continuidad de servicios esenciales.

Falta de Compromiso en Reuniones Clave y Transparencia

El incumplimiento de responsabilidades por parte de la administración del ESE UNA ha generado preocupación entre los legisladores locales. La ausencia del gerente en una mesa de trabajo programada ha obstaculizado el análisis de estrategias para mejorar los servicios y resolver problemas financieros. Esta falta de compromiso afecta negativamente la confianza pública en la institución y dificulta la implementación de soluciones efectivas.

La presencia del gerente era fundamental para explicar cómo planeaba abordar las deficiencias en la oferta de servicios, contrataciones y recuperación de cartera. Sin embargo, su ausencia dejó sin respuestas importantes preguntas sobre la dirección estratégica de la entidad. Este comportamiento refleja una posible falta de transparencia en la gestión, lo cual es especialmente problemático dado el papel vital del ESE UNA en el sistema de salud regional. Los representantes públicos esperaban obtener claridad sobre las medidas propuestas para fortalecer la red hospitalaria y garantizar la sostenibilidad financiera, pero estas expectativas quedaron insatisfechas.

Retrasos en Pagos y Cumplimiento Regulatorio

Además de las preocupaciones sobre la transparencia, se han registrado serios problemas en la operación financiera del ESE UNA. Se informa que la entidad ha recibido importantes sumas de dinero por concepto de pagos de EPS, pero aún mantiene retrasos millonarios en sus obligaciones hacia trabajadores y proveedores. Esta situación amenaza la estabilidad operativa y podría llevar a interrupciones en los servicios médicos.

La incapacidad para cumplir con plazos regulatorios, como la entrega del informe de saneamiento fiscal solicitado por la Superintendencia de Salud, agrega más gravedad a la situación. Ya en 2023, se habían detectado numerosas anomalías operativas, lo que indica una persistencia de problemas estructurales. La diputada Moreno advierte que esta crisis puede tener consecuencias graves para los derechos laborales y la calidad de atención médica en la región. Sin respuestas concretas, parece que la intervención de la SuperSalud podría ser inevitable, lo que subraya la urgencia de un plan de recuperación integral para proteger tanto a los pacientes como al personal médico.