La tensión entre los socios del gobierno ha alcanzado un nuevo nivel con una discusión pública sin precedentes. En un evento que ha dejado a muchos sorprendidos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, expusieron abiertamente sus diferencias respecto a la obligatoriedad de que los trabajadores con salario mínimo tributen por IRPF. Este enfrentamiento público no solo refleja las discrepancias internas sino también la falta de comunicación previa entre los miembros del gabinete.

El desacuerdo se volvió evidente cuando Díaz manifestó que se enteró de la decisión de Hacienda a través de los medios de comunicación, lo cual subraya la falta de diálogo interno. A pesar de haberse reunido varias veces durante la mañana, ni ella ni María Jesús Montero, ministra de Hacienda, hablaron sobre el tema. La vicepresidenta insistió en que esta medida afectará negativamente a los trabajadores más vulnerables, mientras que Alegría argumentó que la recaudación beneficiaría los servicios públicos. Esta divergencia de opiniones pone de manifiesto la complejidad de gobernar en coalición, donde cada partido defiende su postura con firmeza.

Este choque de posiciones ha llevado a Sumar a tomar medidas drásticas. La formación magenta ha anunciado que presentará una Proposición de Ley en el Congreso para garantizar la exención del IRPF para quienes perciben el salario mínimo. Esto muestra que la lucha no termina en el ámbito interno del gobierno, sino que se extiende al parlamento. Además, el Partido Popular ha criticado la decisión del gobierno, acusándolo de aprovecharse de los trabajadores con ingresos más bajos. En este contexto, la justicia fiscal se convierte en un tema central, destacando la necesidad de que las políticas fiscales beneficien a los sectores más desfavorecidos antes que a aquellos con mayores recursos.

Este episodio destaca la importancia de la colaboración y el diálogo abierto dentro de cualquier gobierno de coalición. Para avanzar hacia un futuro más equitativo, es crucial que las decisiones fiscales se tomen considerando el impacto en todos los ciudadanos, especialmente en los más vulnerables. El debate sobre el IRPF del salario mínimo debe ser una oportunidad para mejorar las políticas públicas y fortalecer la confianza en el gobierno, demostrando que las voces de todos los sectores son escuchadas y valoradas.