Un oficial del ejército venezolano, José Ángel Rodríguez Araña, presentó pruebas al cuerpo policial chileno relacionando al líder político Diosdado Cabello con el asesinato de Ronald Ojeda. Durante una entrevista televisiva, el teniente afirmó que su testimonio incluye comunicaciones telefónicas y mensajes de texto que vinculan directamente a Cabello con la intención de silenciar a Ojeda. Este caso ha generado preocupación internacional debido a las repercusiones políticas y las acusaciones contra el régimen venezolano.

El primer teniente compartió detalles sobre cómo llegó a sospechar de la implicación de altos funcionarios venezolanos en el crimen de Ronald Ojeda. Según él, antes de la tragedia, Ojeda reveló información crucial que apuntaba hacia un plan específico para eliminarlo. Estas pruebas fueron entregadas a las autoridades chilenas bajo estricto control, con la solicitud de mantenerlas confidenciales hasta que se complete la investigación.

En sus declaraciones, Rodríguez Araña mencionó que los dispositivos electrónicos utilizados por Ojeda contienen registros de llamadas y mensajes que demuestran una conexión directa con figuras prominentes dentro del gobierno venezolano. Además, destacó cómo estas acciones forman parte de una estrategia sistemática de intimidación dirigida contra miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Esta táctica busca enviar un mensaje claro de represión y castigo.

La situación personal de Rodríguez también se complicó tras el secuestro de sus padres, quienes han sido utilizados como medio de presión para forzar su rendición. En respuesta, el oficial denunció públicamente que cualquier acusación contra sus familiares carece de fundamento, ya que su único "delito" es ser parientes suyos. Desde 2017, asegura haber enfrentado persecución constante debido a su posición contraria al actual régimen.

Este caso ilustra cómo las tensiones políticas pueden desembocar en actos extremos de violencia y represalia. La colaboración entre fuerzas policiales internacionales será clave para garantizar justicia no solo para las víctimas directas, sino también para aquellos indirectamente afectados por estos eventos. Las pruebas recopiladas podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en Venezuela.