Un caso de revelación de información fiscal ha desencadenado una serie de citaciones y señalamientos que ponen en el centro del escándalo a varios altos funcionarios. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha convocado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, para comparecer ante él en enero. Este caso gira en torno a la divulgación de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Las investigaciones apuntan a una posible conexión entre la filtración y el gobierno central, lo que ha aumentado la tensión política. Los indicios sugieren que la información comprometedora fue dirigida a los medios de comunicación, con implicaciones potenciales para varios actores políticos.

El escándalo comenzó cuando se descubrió que la defensa de González Amador había reconocido dos delitos fiscales en un correo electrónico que fue filtrado a la prensa. Según las investigaciones, este email llegó primero a la Fiscalía General del Estado y luego fue enviado a la Presidencia del Gobierno. Desde allí, la información pasó a manos de Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, quien utilizó la información contra Ayuso. Pilar Sánchez Acera, exdiputada del PSOE, medió en esta transmisión de datos reservados. A las 08:29 horas del 14 de marzo, Acera instó a Lobato a usar la información, asegurando que sería publicada por la prensa ese mismo día. La primera publicación apareció a las 09:46 horas en El Plural, seguida rápidamente por otros medios afines.

Las investigaciones han llevado al juez Hurtado a considerar que hay suficientes pruebas de que García Ortiz dirigió la filtración del correo comprometedor. Rodríguez y Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, también son sospechosos de haber asistido a Ortiz en la operación. Además, se ha encontrado evidencia de que desde la Presidencia del Gobierno se realizaron gestiones para que la información fuera publicada en los medios. El entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, habrían presionado a Lobato para divulgar la carta antes de su publicación oficial.

El juez destaca que el mensaje llegó a la prensa solo después de ser recibido por García Ortiz el 2 de febrero a las 21:59 horas. Luego, la información fue puesta a disposición de Lobato para que la usara en un debate contra Ayuso. En resolución conocida este lunes, Hurtado subraya que “desde Presidencia del Gobierno se hicieron gestiones para la publicación en El Plural del correo del 2 de febrero de 2024 entre el abogado de González Amador y el fiscal”. Esta versión censurada es la que Lobato mostró en la Asamblea, mientras que la original sin censura ya había sido recibida previamente por él desde Presidencia.

Este caso ha abierto nuevas vías de investigación que podrían llevar a más citaciones y señalamientos. La posibilidad de que exista una trama orquestada desde la cúpula gubernamental ha añadido un nuevo nivel de complejidad al escándalo. Las acciones judiciales en curso buscan desentrañar todos los hilos que conectan a los diferentes actores involucrados, incluyendo altos funcionarios del gobierno y miembros del partido político opositor. La justicia sigue su curso, pero las implicaciones políticas de este caso prometen ser significativas.