En un giro inesperado, el gobierno colombiano parece estar llevando a cabo una nacionalización silenciosa del sector de la salud, sin necesidad de una reforma legislativa. A través de la figura de "Intervenciones Forzosas" a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y hospitales, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud han asumido el control de una gran parte del sistema de salud, dejando a millones de colombianos dependientes de las decisiones de unos pocos funcionarios públicos. Esta estrategia, que parece estar motivada por una agenda política más que por una verdadera preocupación por la calidad del servicio, ha generado una gran incertidumbre y ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud en su conjunto.

Una Nacionalización Silenciosa y Preocupante

La Intervención Forzosa de las EPS

Bajo el argumento de que las EPS no cumplen con los indicadores financieros y de calidad exigidos, la Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido a siete de las principales EPS del país, entre 2023 y 2024. Estas EPS representan casi 27 millones de afiliados, lo que significa que más de la mitad de la población colombiana depende directamente de las decisiones de los interventores nombrados por el gobierno. Además, existe una lista adicional de EPS y hospitales que podrían ser intervenidos en un futuro cercano.

Estas intervenciones han implicado la remoción de las directivas y revisores fiscales de las EPS, y el nombramiento de interventores del gobierno. Esto ha permitido que el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud asuman el control de los recursos, las nóminas, los contratos de servicios y las decisiones operativas de estas entidades. Esto ha generado preocupación sobre la posible influencia de grupos de interés y politiqueros en la gestión de estos recursos, especialmente en un año preelectoral.

La Intervención de los Hospitales Públicos

Además de las EPS, el gobierno también ha intervenido decenas de hospitales públicos en todo el país, muchos de los cuales son clave en sus regiones. Bajo la figura de la intervención, el Ministerio de Salud y la Superintendencia han asumido el control de estos hospitales, lo que ha generado temores sobre la posibilidad de que estos sean devueltos únicamente a grupos políticos afines, en caso de que se decida devolverlos a sus municipios o departamentos.

Estas intervenciones han generado un ambiente de incertidumbre que ha paralizado la inversión y los nuevos proyectos en el sector de la salud. Además, han propiciado una tendencia de desinversión, con algunas EPS reconocidas solicitando su retiro del sistema, conscientes de que están a merced de una intervención forzosa.

La Campaña de Desprestigio y Desfinanciación

Según expertos, el gobierno colombiano ha llevado a cabo una campaña permanente para desprestigiar el modelo de aseguramiento, desfinanciando la Unidad de Pago por Capitación (UPC), demorando los pagos a las EPS, extrayendo recursos del Plan Básico de Salud para otros fines, y propiciando una crisis por escasez de medicamentos. Esto, sumado a la imposición de nuevos requerimientos y responsabilidades a las entidades del sistema, ha generado un deterioro en los indicadores financieros y de servicio de todo el sistema de salud.

Estas acciones parecen estar encaminadas a generar una "crisis explícita" en el sistema de salud, tal como lo anticipaba una exministra, o a cumplir con el "shu shu shu" del presidente, que auguraba la caída en serie de todas las EPS. De esta manera, el gobierno estaría allanando el camino para una eventual nacionalización total del sistema de salud, sin necesidad de una reforma legislativa.

El Futuro Incierto del Sistema de Salud

Expertos advierten que, independientemente de los resultados de las intervenciones, es poco probable que las EPS intervenidas sean devueltas a sus legítimos dueños en condiciones saneadas o mejoradas. Por el contrario, es probable que sean mantenidas bajo el control del Ministerio de Salud y la Superintendencia, o incluso liquidadas.

Asimismo, se prevé que el aumento de quejas y tutelas de los usuarios de las EPS intervenidas seguirá en aumento, a medida que los indicadores financieros y de servicio se deterioren aún más bajo la administración de los interventores, más preocupados por obedecer una agenda política que por recuperar estas complejas empresas.

En resumen, el gobierno colombiano parece estar llevando a cabo una nacionalización silenciosa del sistema de salud, sin necesidad de una reforma legislativa. Esta estrategia, que se basa en la intervención forzosa de las EPS y los hospitales públicos, ha generado una gran incertidumbre y ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud en su conjunto. Los expertos advierten que, de continuar esta tendencia, el futuro del sistema de salud colombiano se perfila cada vez más incierto.