El gobierno español enfrenta una creciente presión por parte de los funcionarios debido a la retención de incrementos salariales. Según cálculos, cada empleado público debería recibir en promedio 408 euros pendientes por ajustes no realizados. Este monto totaliza más de 1.224 millones de euros adeudados colectivamente.

Las centrales sindicales CSIF y CCOO han manifestado su rechazo al enlace condicional que el gobierno ha establecido entre estas subidas y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La falta de acuerdo genera insatisfacción y amenazas de movilizaciones laborales.

Reivindicaciones Económicas Pendientes

Los empleados públicos demandan tanto el cumplimiento de compromisos anteriores como nuevas negociaciones salariales. El conflicto se centra en el pago del incremento del 0,5% restante del último acuerdo plurianual y un ajuste adicional del 2,8% para compensar la inflación actual.

Este impasse económico surge porque el Ministerio de Función Pública aún no ha aplicado el aumento del 0,5% acordado previamente. Además, los cálculos sugieren que, si se considera la inflación acumulada hasta finales de 2024, el gobierno debe aproximadamente 240 euros por nómina. Esto significa que, sumando ambos conceptos, el gobierno tendría que desembolsar cerca de 408 euros por cada funcionario. Esta situación refleja un panorama complejo donde las necesidades económicas inmediatas chocan con las limitaciones presupuestarias del gobierno.

Desde una perspectiva histórica, recordemos que en marzo pasado se aprobó un real decreto que incrementó los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas en 200 euros mensuales mediante un decreto gubernamental directo. Este hecho ha sido utilizado por los sindicatos como precedente para exigir medidas similares para los empleados públicos. En este contexto, las organizaciones sindicales argumentan que el gobierno posee las herramientas legales necesarias para implementar estos aumentos sin necesidad de esperar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, la demora en actuar es vista como una falta de voluntad política más que de capacidad administrativa.

Acciones Sindicales y Futuro Negociador

Ante esta situación, los principales sindicatos están tomando medidas concretas para forzar una resolución. Concentraciones y paros parciales son algunas de las estrategias planteadas.

CSIF, uno de los sindicatos más representativos, ha anunciado su intención de llevar a cabo acciones de protesta, incluidos paros parciales, si el gobierno no aborda rápidamente la problemática financiera. Estas medidas buscan visibilizar la insatisfacción generalizada entre los empleados públicos y ejercer presión sobre las autoridades competentes. Paralelamente, CCOO también ha convocado concentraciones frente al Ministerio de Hacienda, destacando que no aceptarán que los acuerdos previamente firmados dependan de la incierta aprobación de los presupuestos estatales. Más allá de los aspectos salariales, las reivindicaciones incluyen temas como la implantación del modelo de clasificación profesional, planes de digitalización en zonas vulnerables, creación de empleo neto en las administraciones y reducción de la temporalidad laboral. Estas demandas amplifican la urgencia de abrir un diálogo constructivo que atienda tanto las necesidades económicas inmediatas como las estructurales a largo plazo.