La medida de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) ha generado un debate intenso sobre sus efectos fiscales. El Gobierno enfrenta una decisión crucial: si ajustar o no el umbral exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para evitar que los trabajadores con sueldos más bajos comiencen a pagar impuestos. Este dilema se debe a que la subida considerable del SMI desde 2018 hasta ahora, que ya representa el 60% del salario medio, podría resultar en una merma significativa en los ingresos públicos.

El Consejo de Ministros está evaluando si mantener el mínimo exento actual del IRPF, lo que implicaría que aproximadamente 540,000 trabajadores podrían verse obligados a tributar por primera vez. Esta situación ha creado tensiones dentro del gobierno y entre diferentes sectores. Por un lado, la ministra de Trabajo defiende la necesidad de proteger a los trabajadores con menores ingresos de nuevas cargas fiscales. Por otro, el Ministerio de Hacienda considera que adaptar nuevamente el mínimo exento costaría alrededor de 1,000 millones de euros en pérdidas de recaudación este año.

Es fundamental que las decisiones fiscales beneficien a aquellos que más lo necesitan. Ajustar el IRPF para que los trabajadores con salarios mínimos no tengan que pagar impuestos reflejaría un compromiso con la justicia social y la equidad económica. Este enfoque ayudaría a garantizar que los esfuerzos por mejorar los salarios realmente beneficien a los trabajadores, sin que estos vean mermada su renta neta debido a aumentos impositivos. Además, apoyaría la estabilidad financiera de muchas familias y promovería una economía más inclusiva y solidaria.