En Colombia, más de la mitad de los adultos (51,2%) están vinculados al crédito formal, lo que equivale a aproximadamente 19,7 millones de personas. Este número incluye quienes mantienen relaciones exclusivas con entidades financieras tradicionales o combinan su financiamiento con el sector real. Sin embargo, esta cifra revela marcadas disparidades entre las zonas urbanas y rurales.
En áreas urbanas, casi seis de cada diez adultos tienen acceso a algún tipo de crédito, mientras que en municipios rurales dispersos, esta proporción cae drásticamente a menos de un cuarto de la población adulta. Estas diferencias no solo reflejan barreras geográficas, sino también brechas socioeconómicas significativas que deben abordarse para lograr una mayor inclusión financiera.
Las obligaciones pospago, particularmente en el ámbito de las telecomunicaciones, han abierto nuevas puertas para millones de colombianos que de otro modo no tendrían acceso al crédito formal. Según datos recientes, cuando se incluyen estos instrumentos, el número de adultos con financiamiento vigente aumenta hasta 67,3% del total nacional.
No obstante, este aumento también implica un crecimiento en el número de personas con deudas castigadas, pasando de 5,8 millones a 7,1 millones. Este fenómeno subraya la necesidad urgente de implementar estrategias efectivas de recuperación crediticia y educación financiera, especialmente dirigidas a aquellos que ingresan por primera vez al sistema.
Un estudio exhaustivo realizado durante cuatro años muestra que en 2019, cerca de 1,3 millones de adultos adquirieron su primer crédito u obligación pospago. Durante ese mismo período, más de dos millones de personas tuvieron créditos castigados, pero también un millón logró ponerse al día después de estar en mora.
Este dinamismo evidencia tanto oportunidades como riesgos dentro del mercado crediticio. Por ejemplo, aunque el 81,8% de los nuevos usuarios continuaron tomando crédito en los años siguientes, uno de cada cinco incurrió en mora superior a 60 días. Asimismo, solo un tercio de quienes fueron castigados logró recuperarse completamente, destacándose aquí la importancia de fortalecer las capacidades de recuperación de las entidades financieras tradicionales frente a las del sector real.
Los resultados obtenidos indican claramente que la inclusión crediticia depende de una oferta diversificada de servicios proporcionados tanto por instituciones financieras como por actores del sector real. En este contexto, avanzar hacia una mayor transparencia mediante la implementación de políticas de datos abiertos podría ser clave para cerrar las brechas existentes.
Además, se requiere priorizar la agenda de cultura de pago y rebancarización, especialmente enfocándose en segmentos sociodemográficos históricamente marginados. Esto incluye diseñar intervenciones específicas para mujeres, jóvenes y comunidades rurales, promoviendo así un enfoque interseccional que garantice equidad en el acceso al crédito.
Transformar el acceso al crédito formal en una herramienta de progreso implica no solo ampliar la cobertura, sino también mejorar la calidad del servicio ofrecido. Las entidades financieras y del sector real deben trabajar conjuntamente para desarrollar productos que respondan a las necesidades reales de la población, considerando factores como la capacidad de pago y el historial crediticio alternativo.
Finalmente, la colaboración entre el sector público y privado será esencial para crear un ecosistema financiero que beneficie a todos los colombianos, reduciendo así las desigualdades y fomentando el desarrollo económico sostenible.