La acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción no solo expone a Villar, sino que también desvela una red de complicidad que compromete la integridad de la RFEF durante una década crucial para el fútbol español. Las cifras mencionadas en el caso son impactantes y reflejan un daño económico irreparable para la entidad.
Desde 2007 hasta 2017, según las investigaciones, Villar y su mano derecha, Juan Antonio Padrón, aprovecharon sus posiciones privilegiadas para favorecer intereses personales. Este comportamiento se manifestó en la adjudicación indebida de contratos, donde las condiciones económicas perjudicaban gravemente a la RFEF. En algunos casos, estas transacciones carecían de justificación técnica o económica, lo que aumenta aún más las sospechas sobre sus intenciones reales.
Uno de los aspectos más controvertidos fue la organización de partidos amistosos de la Selección Absoluta. Estas decisiones estratégicas, tomadas en connivencia con su hijo Gorka Villar, resultaron en beneficios directos para empresas vinculadas a su entorno familiar. Esta práctica, considerada abusiva por la Fiscalía, provocó pérdidas cuantiosas para la federación, estimadas en más de 3,8 millones de euros.
Los números hablan por sí solos. Según el informe fiscal, las acciones ilegales atribuidas a Villar generaron un perjuicio total de 4,5 millones de euros para la RFEF. Este monto incluye tanto los ingresos obtenidos indebidamente como las indemnizaciones requeridas para reparar el daño causado. Además, se documentan pagos injustificados a terceros, entre ellos Adoración de Pedro, quien recibió sumas superiores a los 680 mil euros sin justificación legal.
Este desfalco sistemático afectó no solo al presupuesto operativo de la federación, sino también a proyectos clave destinados al desarrollo del fútbol base y la promoción de valores éticos dentro del deporte. El legado de Villar queda manchado por estas revelaciones, dejando una sombra oscura sobre su trayectoria profesional.
La Fiscalía Anticorrupción no duda al señalar a Villar por múltiples delitos graves. Entre ellos destacan la administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documentos mercantiles. Estas imputaciones refuerzan la gravedad de las acciones atribuidas al ex presidente y demuestran un patrón deliberado de conducta fraudulenta.
Para cada uno de estos delitos, la solicitud de pena es contundente: 15 años y medio de prisión y multas que alcanzan casi un millón de euros. Estas sanciones buscan no solo castigar las acciones cometidas, sino también enviar un mensaje claro a futuros dirigentes deportivos sobre la importancia de actuar con transparencia y honestidad.
Este caso tiene repercusiones más allá de la persona de Villar. Representa un llamado urgente a revisar las estructuras de gobierno dentro de las federaciones deportivas españolas. La necesidad de implementar mecanismos de control más estrictos y sistemas de auditoría independientes se vuelve evidente tras estas revelaciones.
Además, este escándalo pone en jaque la confianza pública hacia las instituciones deportivas. Recuperar esa confianza exigirá esfuerzos concertados desde todos los niveles de decisión, asegurando que nunca más se repitan prácticas similares que puedan poner en riesgo la reputación del deporte español.