El gobierno ha expresado fuertes reservas sobre la decisión del juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, de citar al fiscal general del Estado como investigado en un caso que involucra a la pareja de la presidenta de Madrid. La ministra portavoz, Pilar Alegría, destacó que no existen pruebas concretas para respaldar estas acusaciones y criticó el enfoque del magistrado basado en especulaciones. Además, se cuestionó la implicación sugerida del Palacio de la Moncloa en este asunto, reiterando que las afirmaciones deben estar fundamentadas en indicios sólidos.

La controversia estalló cuando el juez Hurtado decidió citar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como investigado en relación con una filtración que afecta a la pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según Alegría, esta acción carece de pruebas tangibles y parece estar fundamentada en suposiciones infundadas. El gobierno considera que el origen del problema reside en la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien aún no ha comparecido por presuntos delitos fiscales.

Alegría también apuntó hacia Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, sugiriendo que él podría ser responsable de los rumores y filtraciones. Este funcionario ha sido acusado de utilizar diversos recursos para proteger tanto a Ayuso como a su pareja. Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldó la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, aunque lamentó que sus informes sean interpretados de manera distinta por distintas instituciones.

En cuanto a la propuesta gubernamental para limitar las acusaciones populares, Marlaska explicó que muchos juristas ven la necesidad de reformular la acción popular, asegurando que sectores civiles desempeñan un papel fundamental en la justicia. Esta ley ha sido denominada "Ley Begoña" por la oposición, en referencia a la esposa del presidente del gobierno.

Las críticas del gobierno hacia la reciente decisión judicial reflejan tensiones significativas entre los poderes ejecutivo y judicial. A pesar de las diferencias, las autoridades insisten en la importancia de que todas las acciones estén respaldadas por evidencia sólida y se respete el estado de derecho. La situación continúa generando debates sobre la transparencia y el manejo de casos sensibles en el ámbito político español.