El acceso a la información pública en Argentina: Un desafío pendiente

A lo largo del año, El Auditor.info ha realizado numerosas solicitudes de acceso a la información pública, tanto a nivel nacional como provincial. Los resultados han sido variados, con algunas respuestas, otras negativas y la mayoría de los organismos alegando razones para no brindar la información solicitada sobre cantidad de empleados, contratados y de planta. Esta situación refleja los desafíos que enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho al acceso a la información pública en Argentina.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Claves para una Democracia Fortalecida

Solicitudes de Información: Resultados Dispares

Durante el año, se realizaron 11 pedidos a distintos gobiernos provinciales, de los cuales solo 5 respondieron sobre el contenido de la consulta. También se envió una solicitud al INDEC para conocer la situación habitacional de la población en base a datos del Censo 2022, sin obtener la información requerida. Asimismo, se solicitaron informes a siete de ocho ministerios sobre la estructura de recursos, y solo cuatro contestaron.Por otro lado, se solicitó a la SIGEN el informe de evaluación general del Ejecutivo al momento del cambio de presidencia, y a ANSES, la cantidad de años de aportes de aquellas personas que accedieron al haber jubilatorio mediante el mecanismo de moratorias. En ambos casos, las respuestas presentaron obstáculos, como la necesidad de acudir presencialmente para retirar la información o la negativa a brindar los datos solicitados.

Desafíos en la Implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública

La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, establece el derecho de los ciudadanos a solicitar información a las instituciones estatales sin necesidad de explicar la razón del pedido. Sin embargo, la implementación de esta ley presenta diversos desafíos.En primer lugar, se observan diferencias en los formatos y modalidades de tramitación entre las distintas provincias que cuentan con una normativa al respecto. Esto dificulta el acceso a la información y genera obstáculos para los ciudadanos que desean ejercer este derecho.Además, en algunos casos, las respuestas a las solicitudes de información presentan deficiencias, como archivos en formatos inaccesibles o la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos. Incluso, en algunos casos, los organismos alegan que la información solicitada no puede ser brindada debido a su "dificultosa implementación".

Limitaciones y Restricciones Recientes

Recientemente, a través del Decreto 780/2024, el Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la Ley 27.275, lo que ha generado cambios significativos en la práctica del acceso a la información pública. Entre los principales cambios, se limitan los datos que pueden ser solicitados, se excluye información privada de los funcionarios y documentos preliminares de acceso público, se redefine el concepto de información pública y se crea un registro para identificar a las personas que realizan pedidos de acceso.Estas modificaciones representan un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información, poniendo en riesgo el ejercicio de este derecho fundamental y la rendición de cuentas por parte de los organismos públicos.

Avances y Desafíos Pendientes

A pesar de los obstáculos encontrados, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha presentado su informe anual correspondiente a 2023, en el que se destaca un aumento del 30% en las solicitudes de información recibidas y un nivel de efectividad del 92% en el cumplimiento de la ley.Además, se informa sobre el fortalecimiento de las capacidades de la AAIP en aspectos cruciales, como infraestructura física, servicios informáticos y dotación de personal especializado. Sin embargo, aún persisten desafíos, como la necesidad de una mayor armonización en los procesos de acceso a la información a nivel provincial y la eliminación de las recientes restricciones impuestas por el Decreto 780/2024.El acceso a la información pública es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, así como para fortalecer la participación ciudadana y la toma de decisiones informada. En este sentido, es crucial que se tomen medidas para mejorar la implementación de la Ley 27.275 y garantizar el ejercicio efectivo de este derecho en todo el país.