Decreto de Milei limita el acceso a la información pública: críticas y preocupaciones de la oposición

El Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei publicó un nuevo decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, estableciendo una serie de límites discrecionales a los temas sobre los cuales se puede consultar. Esta medida ha generado un fuerte rechazo por parte de diversos actores políticos y de la sociedad civil, quienes consideran que representa un retroceso en términos de transparencia y control público.

Una ley esencial para la democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública

Devolución del derecho ciudadano a la transparencia

La Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, es considerada un hito en materia de transparencia y rendición de cuentas en Argentina. Esta norma garantiza a toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, el derecho de pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado. Este instrumento legal ha sido fundamental para fortalecer el control ciudadano sobre las acciones del gobierno, promoviendo una mayor participación y fiscalización de la gestión pública.

Limitaciones discrecionales al acceso a la información

Sin embargo, el nuevo Decreto 780/24 emitido por el gobierno de Milei introduce una serie de restricciones que contravienen el espíritu de la ley original. A partir de esta modificación, se establece que no se podrán pedir "datos privados" de los funcionarios o que puedan causar "daños y perjuicios" a las personas. Además, se otorga a los funcionarios públicos la facultad de determinar qué información puede ser considerada de "interés público" y cuál queda fuera de ese ámbito.

Un retroceso en términos de transparencia y control público

Desde el bloque de diputados del PRO, se ha rechazado "categóricamente" este decreto, considerándolo un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de la democracia. Diversas entidades vinculadas a la defensa de la libertad de información, como FOPEA, CIPPEC, CELS, Amnistía, ACIJ, Periodistas Argentinas y Poder Ciudadano, también han manifestado su preocupación y rechazo a esta medida.

Impacto en la rendición de cuentas y la participación ciudadana

La restricción del acceso a la información pública, a través de criterios discrecionales y ambiguos, representa un grave retroceso en la capacidad de los ciudadanos para ejercer un control efectivo sobre la gestión gubernamental. Esta situación amenaza el principio de transparencia y rendición de cuentas, pilares fundamentales de una democracia saludable y participativa.

Antecedentes: el caso de los perros de Milei en Olivos

Cabe destacar que este criterio restrictivo del concepto de información pública ya se había aplicado previamente en el caso de los gastos y otros datos relacionados con los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos. En esa oportunidad, el Gobierno se negó a brindar dicha información, argumentando que se trataba de cuestiones vinculadas con el "ámbito privado" del Presidente de la Nación.

Preocupación y rechazo de la sociedad civil

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FOPEA, CIPPEC, CELS, Amnistía, ACIJ, Periodistas Argentinas y Poder Ciudadano, han manifestado su preocupación y rechazo conjunto a este decreto, considerándolo un retroceso en términos de transparencia y control público. Estas entidades han destacado que el Decreto 780/24 amplía la información que queda por fuera del interés público, aumenta el secreto y otorga discrecionalidad a los funcionarios públicos para determinar qué información puede ser considerada de carácter privado.En definitiva, la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública impulsada por el gobierno de Milei ha generado un profundo rechazo y preocupación en diversos sectores de la sociedad argentina. Esta medida es vista como un retroceso en términos de transparencia y control ciudadano, elementos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades.