Escándalo en la Unión Patriótica: Subsidios Productivos Desviados

Lo que debería haber sido un apoyo del Estado para las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica se ha convertido en un escándalo de corrupción. Funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) habrían permitido que personas ajenas al partido político se beneficiaran de los subsidios destinados a proyectos productivos, por un monto superior a los 15 millones de pesos. La senadora Aída Avella, representante de la Unión Patriótica en el Congreso, también estaría involucrada en este caso.

Subsidios Productivos Desviados: Cuando la Ayuda se Convierte en Corrupción

Irregularidades en los Perfiles de los Beneficiarios

Desde 2016, la UNP viene adelantando protocolos de análisis de riesgo para los beneficiarios de los proyectos productivos. Sin embargo, en medio de este proceso, han aparecido perfiles que no cumplen con los requisitos establecidos. Algunos de los beneficiarios ni siquiera saben qué es la Unión Patriótica, nunca han tenido amenazas que signifiquen algún riesgo o tienen vínculos lejanos con las víctimas reales. Estos hallazgos fueron alertados por analistas de la UNP, pero sus superiores habrían optado por omitir las irregularidades.

Presión Política y Recomendaciones Cuestionables

Los audios en poder de la revista SEMANA revelan cómo funcionarios de la UNP recibieron presiones para incluir a personas que no cumplían con los requisitos. En uno de los casos, un analista menciona que la senadora Aída Avella lo llamó para pedirle que no excluyera a dos personas que ella había recomendado, a pesar de que no cumplían con el perfil establecido.

Vínculos Lejanos y Falta de Riesgo

Otro analista alertó sobre casos en los que las personas evaluadas no eran víctimas directas del genocidio, sino familiares o incluso nueras de las víctimas. Estos perfiles no cumplían con los criterios de riesgo "extraordinario" requeridos para acceder a los subsidios.

Presiones para Agilizar los Procesos

La coordinadora del CTAR, Omaira Ballesteros, habría presionado a los analistas para que los estudios de riesgo se realizaran de manera grupal y no individual, con el fin de agilizar los procesos. Esto habría permitido que personas sin el perfil adecuado fueran incluidas en los proyectos productivos.

Complicidad de Miembros de la Unión Patriótica

Según la información recabada, Pablo Javier Arenales, delegado de la Unión Patriótica ante el Comité de Evaluación de Riesgo (Cerrem), y Raúl Molano, delegado de la Corporación Reiniciar, habrían certificado a las 200 personas que se presentaron ante la UNP como integrantes del partido político, a pesar de las irregularidades evidenciadas.

Respuestas Evasivas y Silencio Institucional

Ante las graves inconsistencias reveladas, la senadora Aída Avella negó haber intervenido en el manejo de estos programas, mientras que la UNP y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) no han brindado una respuesta contundente sobre las irregularidades denunciadas.En resumen, este escándalo pone en evidencia un grave desvío de los subsidios destinados a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, con la presunta complicidad de funcionarios públicos y miembros del partido político. La falta de transparencia y la evasión de responsabilidades por parte de las autoridades involucradas plantean serias preocupaciones sobre la efectiva protección y apoyo a este sector de la población.