Buenos Aires: Batalla por la transparencia
En un momento de tensión política en Argentina, el decreto del presidente Javier Milei que limita el acceso a la información pública ha generado una fuerte reacción de la sociedad civil y la oposición. Organizaciones de diversos sectores han alzado su voz para denunciar lo que consideran un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Este artículo explorará los detalles de este conflicto y sus implicaciones para la democracia argentina.Una regresión en derechos fundamentales
Rechazo generalizado a las nuevas restricciones
El decreto promulgado por el presidente Javier Milei ha sido objeto de un rechazo generalizado por parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil argentina. Más de 70 asociaciones, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), han firmado una carta pública denunciando la medida. Consideran que el decreto "implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción".Restricciones a la información pública
El decreto de Milei redefine los alcances de la ley de transparencia del Estado aprobada en 2016, estableciendo nuevas limitaciones al acceso a la información pública. Entre los cambios más controversiales se encuentra el hecho de que la vida privada de los gobernantes queda fuera del ámbito de requisitoria de información. Además, se excluyen del acceso público "los papeles de trabajo" de los funcionarios y "sus deliberaciones", lo que ha sido visto como un intento de limitar la rendición de cuentas.Discrecionalidad y sanciones
Otra de las críticas señaladas por las organizaciones es que el decreto introduce un "principio de buena fe" para todo pedido de información pública, lo que otorga un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades. Asimismo, se autoriza la imposición de indemnizaciones a quienes "violen" o hagan "un uso abusivo del derecho" de acceso a la información.Protección de la privacidad o restricción de la transparencia
El decreto también establece medidas para evitar la divulgación de información que pueda revelar "rutinas, desplazamientos y ubicaciones" de los funcionarios, así como datos relacionados con denuncias o investigaciones en curso. Si bien puede existir una justificación en la protección de la privacidad, las organizaciones civiles temen que estas restricciones puedan ser utilizadas para limitar el escrutinio público sobre la actuación de los gobernantes.Un retroceso histórico
En conjunto, las modificaciones introducidas por el decreto de Milei han sido calificadas por las asociaciones firmantes como "una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información". Consideran que se genera un "marco normativo discrecional" que atenta contra los estándares internacionales en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción.Antecedentes judiciales
Cabe mencionar que, incluso antes de la promulgación del decreto, un dictamen judicial había avanzado en limitar el acceso a la información pública sobre "la vida privada" del presidente Milei, incluyendo datos relativos a sus perros. Esta decisión, adoptada por la Procuración del Tesoro de la Nación, fue criticada por las organizaciones civiles como un precedente preocupante en la restricción del derecho a la información.Tensión con los medios de comunicación
El decreto de Milei se enmarca en un contexto de una relación tensa entre el presidente y los medios de comunicación. Desde el inicio de su campaña electoral, Milei ha mantenido una posición distante y crítica hacia los periodistas, lo que ha generado preocupación sobre el compromiso del gobierno con la libertad de prensa y el acceso a la información pública.Reclamos de derogación
Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil han reclamado al presidente Javier Milei que derogue el decreto y restablezca los estándares de transparencia y acceso a la información pública establecidos en la ley aprobada en 2016. Consideran que la medida adoptada es un retroceso inaceptable en materia de derechos fundamentales y rendición de cuentas.
