La Controversia del Decreto 780/24: Un Retroceso Democrático en el Acceso a la Información Pública

Setenta entidades de la sociedad civil han expresado su "preocupación" por el Decreto 780/24, emitido por el gobierno de Javier Milei, el cual busca restringir el derecho de acceso a la información pública. Las organizaciones reclaman la derogación de esta nueva normativa, considerándola una violación de los principios establecidos en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Salvaguardando la Transparencia y el Debate Público

Límites Imprecisos y Discrecionalidad en la Aplicación

Según las entidades, el Decreto 780/24 amplía los criterios de lo que se considera información pública, otorgando un mayor poder discrecional a los funcionarios públicos para determinar qué información puede ser considerada de "ámbito privado" y, por lo tanto, estar exenta de divulgación. Esta situación podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias y restringir el acceso a datos que deberían ser de interés público.Las organizaciones destacan que el nuevo decreto establece límites imprecisos y generales sobre la información que se puede solicitar, permitiendo a los funcionarios negar el acceso bajo pretextos como el "daño y perjuicio" a las personas o la "ausencia de interés público". Esto, a su vez, podría conducir a un "empobrecimiento del debate público" y debilitar la participación ciudadana en los asuntos del Estado.

Retroceso en la Transparencia Gubernamental

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también ha manifestado su rechazo al decreto, señalando que la nueva normativa introduce excepciones que podrían permitir a los funcionarios incumplir su obligación de proporcionar información pública, amparándose en conceptos amplios y vagos. Esto representa un retroceso en los estándares de transparencia y acceso a la información establecidos por la Ley 27.275 y los principios constitucionales e internacionales en la materia.Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) han advertido que las restricciones impuestas por el decreto desalentarán la participación ciudadana y obstaculizarán la rendición de cuentas de la gestión pública. Esto se contrapone con el papel fundamental que debe desempeñar la información pública en una democracia saludable.

Preocupación de la Sociedad Civil y Llamado a la Revisión

La oposición política y los expertos en comunicación han expresado su rechazo al Decreto 780/24, considerándolo un paso más en las restricciones al acceso a la información pública y la libertad de expresión. Organizaciones como CIPPEC, CELS, Amnistía, ACIJ, Periodistas Argentinas y Poder Ciudadano, entre otras, han manifestado su preocupación y exigido la derogación de esta nueva normativa.En este contexto, ADEPA ha planteado la necesidad de que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones, ya que consideran que desnaturalizan lo establecido en la Ley 27.275 y los estándares internacionales de derechos humanos. El llamado a la revisión y derogación del Decreto 780/24 refleja la importancia que la sociedad civil otorga a la preservación de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público.