Un joven de 17 años fue capturado durante una patrulla preventiva cuando intentaba forzar cerraduras de automóviles con herramientas rudimentarias. Se le encontraron elementos que podrían haber sido utilizados para cometer delitos más graves, lo que llevó a su traslado al Centro Especializado de Aprehensión y a la intervención de autoridades juveniles.
El caso generó preocupación en la comunidad debido a los daños causados a dos vehículos y evidenció la necesidad de reforzar medidas preventivas contra actos vandálicos y delictivos en la zona. El sistema judicial tomará decisiones sobre el futuro del adolescente bajo las normativas penales juveniles.
En una operación rutinaria de vigilancia, agentes detectaron anomalías en dos automóviles cuyas cerraduras habían sido manipuladas en una misma calle. Este hecho permitió la identificación y posterior aprehensión de un menor portador de instrumentos sospechosos. Entre ellos se incluía un destornillador y otros objetos asociados a actividades ilícitas.
Los efectivos policiales llevaron a cabo una requisa minuciosa después de interceptar al sospechoso. Esta inspección reveló no solo un destornillador, sino también un cuchillo y dispositivos especializados empleados comúnmente para encender vehículos sin permiso o abrir puertas de manera fraudulenta. La presencia de estos artículos incrementó las sospechas sobre posibles intenciones delictivas del adolescente, quien fue puesto bajo custodia temporal mientras se desarrollaban investigaciones adicionales.
Una vez asegurado, el caso pasó a manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, donde un funcionario evaluó la situación legal del implicado. Esto resultó en su traslado a un centro especializado antes de ser notificado oficialmente de los cargos en su contra.
El juez Walter Martínez Soto dictaminó que el menor debía ser conducido al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) hasta su comparecencia judicial programada. Durante esta audiencia, se le informará sobre las acusaciones formales y su posición dentro del proceso legal. Este procedimiento busca garantizar tanto la protección de los derechos del joven como la seguridad pública, considerando las circunstancias específicas del caso y las leyes aplicables a menores involucrados en actos delictivos.