La relación entre el Gobierno y el PRO, que busca forjar un acuerdo electoral de cara a las elecciones legislativas de 2025, se ve empañada por desacuerdos, como el conflicto en torno a las limitaciones al acceso a la información pública impuestas por el Ejecutivo.

Un desencuentro que amenaza la alianza política

Desacuerdo sobre el decreto 780

A pesar de los reclamos del PRO para revertir los cambios introducidos por los delegados de Mauricio Macri, el Gobierno reitera que el texto firmado por Javier Milei no sufrirá modificaciones. La polémica en torno al decreto 780 se perfila como un verdadero punto de tensión entre ambos espacios, ya que modifica una normativa impulsada por el macrismo en 2016.La nueva reglamentación interpreta de manera restrictiva la Ley de Acceso a la Información Pública, limitando las respuestas del Ejecutivo cuando se trate de "datos privados" de los funcionarios o pueda causar "daños y perjuicios" a las personas. Esto ha generado un fuerte rechazo por parte de los representantes del PRO, quienes han expresado sus reclamos en las reuniones de coordinación parlamentaria.

La postura del Gobierno

Hasta el momento, el oficialismo solo ha concedido como gesto la visita de la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz Anchorena, a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, donde respondió preguntas de diputadas como Silvana Giudici (PRO) o Karina Banfi (UCR).Sin embargo, la presentación de Anchorena no logró satisfacer a los representantes del PRO, quienes consideran que hubo "muchas irregularidades" en la tramitación del decreto. Para el partido opositor, este tema es una "cuestión central" y han insistido en retrotraer los cambios y modificar la normativa.

La influencia de Santiago Caputo

Según fuentes consultadas, la tozudez del Gobierno en mantener los cambios en el acceso a la información pública se debe a la creciente influencia de Santiago Caputo, un asesor presidencial que se ha erigido como el guardián del relato libertario y ha endurecido la estrategia discursiva del Ejecutivo.Así, el Gobierno ha autorizado a la AAIP a "corregir" algunas irregularidades previas a la sanción del decreto, pero ha dejado claro que "no van a tocar" el decreto en sí. Esta postura ha generado un profundo malestar en el PRO, que considera la reglamentación como propia y se queja de no haber sido consultados sobre las modificaciones.

Las implicaciones del decreto 780

Según el decreto 780, el Gobierno podrá negar el acceso a la información pública cuando su conocimiento pueda causar "daños y perjuicios" a las personas, haya "ausencia de interés público" o se constituya en un "abuso del derecho". Además, restringe la difusión de "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares" sobre un acto de gobierno.Estas limitaciones han sido percibidas por el PRO como un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información, lo que amenaza con profundizar el desencuentro entre ambos espacios políticos.En resumen, el conflicto en torno al decreto 780 se perfila como un verdadero punto de tensión entre el Gobierno y el PRO, poniendo en riesgo la alianza política que ambos espacios buscaban construir de cara a las próximas elecciones legislativas.