El sector agrícola se enfrenta a desafíos significativos tras la reciente decisión gubernamental de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este ajuste, que eleva el salario neto mínimo a 1.184 euros por 14 pagas, ha generado preocupación entre los agricultores y ganaderos. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha expresado su inquietud acerca de cómo este incremento puede ser insostenible para muchas explotaciones rurales ya en crisis debido a los crecientes costos de producción y falta de mano de obra.

Las organizaciones agrarias subrayan que este aumento representa un costo real de 1.925 euros por trabajador para los empresarios agrícolas, incluyendo cotizaciones e impuestos. Además, destacan que desde 2016, el SMI ha aumentado en un 80%, lo cual está llevando al límite a muchas operaciones agrícolas. Miguel Padilla, secretario general de COAG, enfatiza que la mano de obra se ha convertido en el principal gasto para las explotaciones, y advierte que este nuevo incremento tendrá una repercusión económica de mil millones de euros sobre el sector. En este contexto, es crucial que las medidas económicas favorezcan tanto a los trabajadores como a los productores.

Es momento de buscar soluciones equilibradas que beneficien a todos los actores involucrados. La implementación gradual de esta medida y la concesión de bonificaciones en las cotizaciones sociales podrían ayudar a mitigar el impacto negativo en las explotaciones agrícolas. Además, se necesita mayor flexibilidad en la contratación de temporeros para evitar la pérdida de campañas clave. Un enfoque justo y colaborativo garantizará que tanto los trabajadores como los agricultores puedan prosperar, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector agrícola español.