La reforma laboral ha enfrentado múltiples ajustes en sus tres años de vigencia. En este período, las modificaciones han generado tensiones entre los actores sociales involucrados. Desde su implementación inicial, diversas disposiciones han sido alteradas sin consulta previa a través de normativas secundarias. Este enfoque ha generado inquietud tanto en empleadores como en trabajadores.

Un ejemplo reciente de estas transformaciones es el cambio introducido en la ley sobre prevención de pérdidas alimentarias. Esta modificación, impulsada por ciertos grupos políticos, amplió los límites contractuales temporales para empresas agrícolas. Este movimiento fue realizado sin consultar a los agentes sociales relevantes, provocando una fuerte reacción negativa de los sindicatos. Según UGT, esta acción rompe con el espíritu de colaboración establecido en 2021 y afecta directamente la calidad del empleo en sectores clave. Además, se señala que esta práctica contradice principios fundamentales del diálogo social y pone en riesgo el equilibrio alcanzado anteriormente.

En perspectiva, estos cambios reflejan la importancia de mantener un marco legal estable y transparente. La constante modificación de leyes laborales sin consenso puede erosionar la confianza necesaria para construir relaciones laborales saludables. Es crucial que las partes interesadas participen activamente en cualquier ajuste futuro, promoviendo así un entorno laboral justo y sostenible. Además, cumplir con compromisos internacionales, como la evaluación requerida por Bruselas, asegura que las políticas nacionales estén alineadas con estándares globales de empleo digno y productivo.