En respuesta a una crisis industrial sin precedentes, los legisladores británicos regresaron este sábado al Parlamento de Westminster para aprobar una medida legislativa que podría evitar el colapso de British Steel. Este plan, impulsado por el gobierno laborista bajo la dirección de Keir Starmer, busca garantizar la continuidad operativa de la emblemática empresa siderúrgica mediante la intervención gubernamental y la obligación legal impuesta a su propietaria china, Jingye, de mantener sus instalaciones activas. La iniciativa pretende preservar miles de empleos y asegurar la producción nacional de acero virgen, un componente esencial en la economía y seguridad del país.

El proyecto de ley fue presentado por Jonathan Reynolds, ministro laborista de Negocios y Comercio, quien destacó la necesidad de tomar medidas excepcionales ante una situación crítica. Según él, la inacción frente al fracaso de las negociaciones con Jingye representaría un riesgo insostenible tanto para los trabajadores como para la industria nacional. Aunque el objetivo final sigue siendo alcanzar un acuerdo de coinversión con socios privados, esta medida temporal abre la puerta a una posible renacionalización de British Steel.

La historia de British Steel se entrelaza profundamente con la identidad industrial británica. Con una plantilla de 3.500 empleados y dos altos hornos en funcionamiento constante en Scunthorpe, su cierre significaría que el Reino Unido sería el único miembro del G7 sin capacidad propia para producir acero virgen. Esta perspectiva ha llevado al gobierno a actuar rápidamente, asegurando que cualquier transición financiera respete criterios de justicia mercantil.

Desde su adquisición por parte de Jingye en 2020, British Steel ha enfrentado desafíos financieros significativos. A pesar de una inversión inicial de 1.400 millones de euros, la planta de Scunthorpe sigue siendo económicamente inviable, acumulando pérdidas diarias y una deuda considerable. En diciembre pasado, la empresa china rechazó un paquete de rescate gubernamental y consideraba apagar sus altos hornos, lo que habría resultado en consecuencias devastadoras para la región y más allá.

Con esta nueva legislación, el gobierno británico no solo busca proteger puestos de trabajo, sino también consolidar la importancia estratégica de la industria del acero. Mientras el plazo exacto de la intervención aún no está definido, queda claro que la supervivencia de British Steel es vital para el futuro económico y geopolítico del Reino Unido. Este paso marca un momento clave en la relación entre política pública y desarrollo industrial, donde la acción gubernamental juega un papel crucial en la protección de sectores fundamentales.