El gobierno ha implementado recientes modificaciones a las normativas financieras, buscando fomentar el uso de dinero en efectivo, especialmente en dólares, sin comprometer la prevención de delitos financieros. A través de una nueva resolución emitida por la Unidad de Información Financiera (UIF), se han ajustado límites y procedimientos relacionados con transacciones inmobiliarias, vehiculares y bancarias. Estos cambios buscan modernizar el sistema para alinear los umbrales con la inflación y las recomendaciones internacionales.
Entre las novedades más destacadas, se encuentra un aumento en los montos que requieren monitoreo en operaciones inmobiliarias y automotrices, así como modificaciones en los requisitos de documentación para justificar el origen de fondos. Además, se introdujeron nuevas reglas para depósitos en efectivo en entidades financieras y se reforzó el papel de los escribanos públicos en compraventas de propiedades.
Nuevos Umbrales para Transacciones Inmobiliarias y Automotrices
La resolución de la UIF actualizó significativamente los montos que desencadenan reportes obligatorios en compraventas de bienes raíces y vehículos. Para operaciones inmobiliarias, el umbral aumentó de 200 a 750 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), reduciendo la carga administrativa en transacciones de menor volumen económico. En cuanto a vehículos, solo serán necesarias justificaciones de fondos para adquisiciones superiores a $115 millones anuales.
Estos ajustes tienen como objetivo principal simplificar procesos administrativos y agilizar trámites en registros públicos. Anteriormente, cualquier compra o venta de inmuebles que excediera los 200 SMVM requería un informe detallado, lo que generaba una sobrecarga en el sistema de monitoreo. Ahora, únicamente aquellas operaciones que superen los $660 millones demandarán un seguimiento específico. Asimismo, en el ámbito automotor, se eliminaron ciertas exigencias burocráticas, como la certificación contable, y se permitió que pagos realizados mediante transferencias bancarias no requieran perfiles adicionales del cliente. Este cambio busca facilitar el flujo de efectivo dentro del mercado legal, minimizando barreras innecesarias para compradores y vendedores.
Fortalecimiento de Controles Bancarios y Escribanías Públicas
Otro aspecto clave de la reforma involucra a las entidades financieras y los escribanos públicos. Los bancos ahora deben aplicar medidas reforzadas solo para depósitos en efectivo que igualen o superen los 40 SMVM, aproximadamente $35,2 millones. Esto incluye la identificación tanto del depositante como del beneficiario final cuando actúen como representantes de terceros. Además, toda transacción en efectivo superior a este monto deberá registrarse bajo esquemas específicos de reporte.
En paralelo, los escribanos públicos enfrentan nuevas responsabilidades al momento de redactar perfiles de clientes involucrados en transacciones inmobiliarias. Se exige sustentar estos documentos con pruebas tangibles sobre el origen de los fondos y las actividades económicas de las personas involucradas. El umbral de reporte también aumentó a 750 SMVM, asegurando un balance entre flexibilidad y control. Estas iniciativas reflejan el compromiso del gobierno de adaptar su marco regulatorio a las necesidades actuales, promoviendo un sistema financiero más inclusivo y eficiente, mientras preserva mecanismos sólidos contra actividades ilícitas.
