Un trágico incendio que ocurrió en febrero de 2024 en el barrio de Campanar, Valencia, ha generado una fuerte controversia legal. Diez personas perdieron la vida en este desastre, y ahora, las familias de algunas de las víctimas han decidido recurrir una decisión judicial que archivó la causa. Según argumentan, el fallo fue parcial e incompleto, basado en conjeturas sin fundamentos científicos sólidos. Exigen una investigación más exhaustiva para determinar si las muertes fueron previsibles y evitables.
El 22 de febrero de 2024, un devastador incendio asoló parte del barrio de Campanar en Valencia, dejando como saldo diez fallecidos. Meses después, en mayo, el Juzgado de Instrucción número 9 declaró que los hechos no tenían características punibles y archivó el caso. Sin embargo, las familias de dos de las víctimas presentaron un recurso judicial señalando que la investigación careció de rigor y objetividad. Argumentan que se basó en suposiciones y no profundizó en posibles negligencias.
En su alegato, destacan diversos puntos oscuros que requieren mayor análisis. Por ejemplo, cuestionan por qué no se priorizó la localización y evacuación de posibles víctimas desde el inicio del siniestro. Además, critican que pasaron más de tres horas desde el comienzo del fuego hasta las primeras intervenciones efectivas. También plantean dudas sobre quién autorizó ciertas decisiones de los bomberos, como subir repetidamente al techo del edificio, lo que pudo haber exacerbado el efecto chimenea en la escalera.
Otro aspecto crucial mencionado es la falta de información sobre cómo se gestionó el viento durante las primeras acciones de extinción. Las familias sostienen que estas decisiones podrían haber influido significativamente en el desarrollo del incendio y en las consecuencias mortales. También solicitan conocer qué medidas adoptó el Puesto de Mando Avanzado y si se evaluaron estrategias para aislar a las víctimas del fuego en sus momentos iniciales.
Finalmente, abogan por nuevas pruebas periciales que puedan arrojar luz sobre estos interrogantes. Proponen solicitar informes detallados de todas las comunicaciones entre servicios de emergencia y bomberos durante ese fatídico día, así como una evaluación técnica especializada realizada por expertos de la Universitat Politècnica de València.
Este caso pone en evidencia la necesidad de investigaciones más rigurosas en eventos tan graves. La familia de las víctimas insiste en que las respuestas deben ser claras y transparentes, ya que el destino de diez personas podría haber dependido de mejores decisiones y protocolos adecuados. El llamado a reabrir la causa busca garantizar justicia no solo para las familias afectadas, sino también para mejorar las prácticas futuras de respuesta ante emergencias similares.
