La iniciativa de ley que plantea la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y de los organismos locales de transparencia ha generado preocupación entre los expertos. Jorge García Betancourt, comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado (ITEA), señala que se está a la espera de que la propuesta sea aprobada por el Congreso de la Unión para iniciar con el proceso de transición. Durante este período de seis meses, las funciones del INAI serían asumidas por la Secretaría de la Función Pública, mientras que los organismos estatales pasarían a depender de las contralorías de cada entidad federativa.
A pesar de los cambios institucionales propuestos, García Betancourt enfatiza que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales se mantendrán consagrados en el artículo sexto de la Constitución. Sin embargo, surgen interrogantes sobre quién se hará cargo de la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra la información de las 32 entidades federativas.
Ante este escenario de transición, el comisionado del ITEA señala que es necesario analizar y proponer soluciones a nivel local para garantizar que Aguascalientes siga siendo un referente en materia de transparencia. Destaca la importancia de mantener la gratuidad del servicio de acceso a la información, de modo que no represente un costo para la ciudadanía.
Una de las principales preocupaciones radica en la falta de mención sobre los mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas en la iniciativa de ley. García Betancourt expresa su inquietud sobre quién se encargará de resolver los recursos de revisión o inconformidad, así como de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas.
Ante este escenario de transición, el comisionado del ITEA señala que es necesario analizar y proponer soluciones a nivel local para garantizar que Aguascalientes siga siendo un referente en materia de transparencia. Destaca la importancia de mantener la gratuidad del servicio de acceso a la información, de modo que no represente un costo para la ciudadanía.