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El Gobierno de España está considerando una reforma significativa en su política social, con miembros clave del Consejo de Ministros proponiendo la inclusión de una prestación universal por crianza en el presupuesto de 2025. Esta medida tiene como objetivo principal abordar la elevada tasa de pobreza infantil en el país y mejorar las condiciones de vida de los más pequeños. La iniciativa, que busca centrarse en los derechos humanos y ofrecer un apoyo económico mensual a todas las familias con hijos menores de 18 años, podría marcar un hito importante en la lucha contra la exclusión social.

La semana pasada, el ministro de Derechos Sociales presentó oficialmente esta propuesta, respaldada por sus colegas de Trabajo y Juventud e Infancia. La idea es otorgar una subvención mensual de 200 euros por cada niño, sin importar los ingresos del hogar, siempre y cuando los padres residan legalmente en España y declaren impuestos. Sin embargo, se contempla que los hogares con mayores recursos económicos puedan estar sujetos a un impuesto sobre esta ayuda. Este enfoque universal contrasta con otras medidas focalizadas que ya existen en el país.

Es relevante mencionar que España enfrenta uno de los índices más altos de riesgo de pobreza infantil dentro de la Unión Europea, con casi un tercio de los niños en situación vulnerable. A pesar de la existencia de programas como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), muchos hogares que cumplen con los requisitos no acceden a estas ayudas debido a diversos obstáculos administrativos o desconocimiento. Esto ha llevado a una creciente preocupación entre los legisladores sobre la efectividad de las políticas sociales actuales.

Estudios académicos han demostrado que las prestaciones universales pueden tener un impacto positivo significativo en la reducción de la pobreza infantil. Una simulación reciente sugiere que esta nueva medida podría disminuir drásticamente la tasa de pobreza extrema entre los niños, pasando del 14% al 8%. Además, se estima que el costo anual de implementar esta prestación sería de 19.000 millones de euros, frente a los 63.100 millones que cuesta la persistencia de la pobreza infantil crónica.

En vista de estos datos, el gobierno español tiene ahora la oportunidad de tomar una decisión trascendental. Incorporar una prestación universal por crianza en el próximo presupuesto no solo ayudaría a miles de familias, sino que también reflejaría un compromiso firme con los derechos de los niños y niñas. Esta acción podría sentar las bases para un futuro más equitativo y justo para todos los ciudadanos del país.