En el contexto de un año marcado por tensiones políticas y retrasos presupuestarios, el Gobierno español ha dado pasos concretos hacia la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. A pesar de las declaraciones contradictorias entre el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la prioridad de aprobar los PGE de 2025, se han iniciado trámites formales para licitar los servicios necesarios para la elaboración física de las cuentas públicas del próximo año fiscal. Este movimiento anticipado refleja una estrategia gubernamental que busca adaptarse a la compleja dinámica parlamentaria actual.

El proceso de planificación financiera para 2026 ya ha comenzado con la publicación de un contrato por parte de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda. Este contrato, destinado a cubrir servicios de impresión digital, encuadernación y grabado de USB relacionados con los PGE, tiene un valor estimado superior a los 28.300 euros y permanecerá abierto hasta finales de abril. Este paso temprano contrasta con el cronograma habitual, ya que en años anteriores, como 2024, la licitación correspondiente no se realizó hasta julio. El adelanto podría interpretarse como una respuesta a las dificultades enfrentadas para avanzar con los presupuestos actuales, lo que genera interrogantes sobre las intenciones del Ejecutivo.

Paralelamente, el debate político sigue caldeándose. Desde el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se critica abiertamente la falta de presentación oficial de los PGE de 2025, considerando este retraso como una infracción al mandato constitucional. En respuesta, Montero argumenta que el gobierno está listo para llevar su proyecto de presupuestos ante el Congreso tan pronto como existan condiciones favorables para su aprobación. Esta postura ha generado desconfianza entre algunos sectores, quienes ven en ella una estrategia dilatoria frente a los desafíos económicos emergentes.

Los retos financieros y geopolíticos actuales son significativos, y desde el PP se insiste en que prorrogar los presupuestos de 2023 podría tener consecuencias negativas para la economía nacional. Según esta visión, la situación económica actual es considerablemente distinta a la que prevalecía cuando se aprobaron dichos presupuestos, destacando la necesidad urgente de ajustes más acordes con el entorno actual.

Más allá de las disputas partidistas, la preparación anticipada de los PGE de 2026 subraya la importancia estratégica que estos documentos tienen para el futuro económico del país. Con la licitación en marcha y el plazo para ofertas próximamente cerrándose, queda por verse cómo evolucionará el panorama político y si esto permitirá finalmente desbloquear los obstáculos que impiden la aprobación de los presupuestos pendientes. Mientras tanto, el gobierno deberá equilibrar sus compromisos constitucionales con las realidades prácticas de negociación parlamentaria.