Gobierno de Milei: Equilibrando la Transparencia y la Privacidad

En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, la cuestión del acceso a la información pública ha generado un intenso debate. Por un lado, el Ejecutivo ha recibido numerosas solicitudes de información, algunas de las cuales se consideran excesivas o irrelevantes. Por otro lado, las autoridades han emitido un decreto que amplía las excepciones para negar información, lo que ha sido criticado por algunos como un retroceso en materia de transparencia. En este artículo, exploramos los diferentes puntos de vista y los desafíos que enfrenta el gobierno en su intento por equilibrar la transparencia y la privacidad.

Equilibrando la Transparencia y la Privacidad en el Gobierno de Milei

Aumento en las Solicitudes de Información Pública

Según los datos oficiales, durante la gestión de Javier Milei se ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de información pública, llegando a más de 7.000 pedidos en lo que va del año. Esto ha generado preocupación en el Gobierno, que considera que algunas de estas solicitudes son excesivas o irrelevantes, como aquellas relacionadas con "la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas".El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha señalado que el objetivo del decreto restrictivo es "tratar de ordenar cosas que no hacen al erario o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos". Desde el Gobierno, se argumenta que la ley de acceso a la información pública (Ley 27.275) tiene "errores" y que la información pública debe limitarse solo a los documentos públicos, sin invadir la esfera privada de los funcionarios.

Críticas a la Agencia de Acceso a la Información Pública

Dentro del oficialismo, se escuchan críticas a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena, a quien se le atribuye una "inadecuada recepción de los pedidos". Según fuentes gubernamentales, esto habría sido uno de los factores que influyeron en la decisión de emitir el decreto restrictivo.Algunos funcionarios también señalan que el problema radica en la falta de sanciones efectivas para quienes calumnien o injurien a través de las solicitudes de información. Actualmente, las multas tienen un tope máximo de 30.000 pesos, lo que se considera insuficiente para disuadir este tipo de abusos.

La Privacidad de los Funcionarios en Cuestión

Otro factor que habría influido en la decisión de emitir el decreto restrictivo es el enojo del presidente Milei por lo que considera una "invasión a su privacidad". La nueva normativa amplía las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía, estableciendo que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada".Desde el Gobierno, se argumenta que los funcionarios deben tener una esfera privada que se respete, y que solo se podrá investigar sobre sus actividades privadas si existe un "interés público comprometido". Por ejemplo, se menciona que si un ministro cena con un empresario y luego ese empresario es favorecido en una licitación, ahí sí se podrá hacer una investigación, pero mientras esto no suceda, el funcionario puede comer con quien quiera.

Disposición a Escuchar Sugerencias

Según las últimas informaciones, el Gobierno "está dispuesto a escuchar sugerencias" sobre el decreto restrictivo. Sin embargo, también se afirma que "no habrá cambios en la normativa". Desde las autoridades, se reconoce que el decreto finalmente aprobado constituye "la versión más moderada", ya que había miembros del Ejecutivo que querían limitar aún más el acceso a la información pública.En resumen, el Gobierno de Milei se enfrenta al desafío de equilibrar la transparencia y la privacidad en el acceso a la información pública. Por un lado, busca ordenar y limitar las solicitudes consideradas excesivas o irrelevantes, y por otro, intenta proteger la esfera privada de los funcionarios. Este debate refleja la complejidad de encontrar un balance adecuado entre estos dos principios fundamentales de la democracia.