El sistema penitenciario del país enfrenta tensiones tras la implementación de nuevas restricciones por parte del Ministerio de Justicia y Paz. Dichas medidas, que afectan a los centros de máxima seguridad, han generado múltiples recursos legales interpuestos por reclusos y sus familiares. Entre las modificaciones más polémicas destacan limitaciones en las visitas familiares, el acceso a llamadas telefónicas y la recepción de encomiendas. Estas acciones han desatado una huelga de hambre protagonizada por aproximadamente mil internos en protesta contra las nuevas disposiciones.

En un contexto donde las reglas carcelarias se endurecen, el Ministerio de Justicia y Paz ha emitido directrices que redefinen condiciones básicas dentro de los penales. Según fuentes judiciales, estas regulaciones buscan garantizar mayor control y seguridad. Sin embargo, muchos consideran que violan derechos fundamentales. Por ejemplo, ahora solo se permite recibir encomiendas una vez al mes, limitándose a artículos esenciales sin especificar cuáles son aceptados. En cuanto a las comidas, los reclusos pueden recibir únicamente dos raciones diarias frente a las siete autorizadas anteriormente.

Además, las visitas familiares han pasado de ser semanales a mensuales, mientras que las conyugales requieren demostrar vínculos legales y se reducirán a cada dos meses. Este panorama genera preocupación entre familiares y abogados, quienes argumentan que estas restricciones atentan contra derechos humanos como la libertad individual y la vida familiar. Uno de los casos emblemáticos involucra a un prisionero transferido de mediana a máxima seguridad sin justificación clara, lo que motivó un recurso legal ante la Sala Constitucional.

Otro aspecto crucial es la eliminación de pulperías dentro de las cárceles y la prohibición del uso de dinero en efectivo por parte de los internos. Estas decisiones han sido vistas como un paso adicional hacia el control total del entorno penitenciario. Familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su disconformidad, señalando que tales medidas generan un ambiente inhumano e insostenible para los prisioneros y sus familias.

La situación escaló este lunes cuando alrededor de mil personas privadas de libertad iniciaron una huelga de hambre en el centro penitenciario La Reforma. Esta acción colectiva busca llamar la atención sobre las recientes políticas impuestas por el Ministerio. Aunque el gobierno reconoce la protesta, minimiza su alcance, afirmando que solo 40 personas participan activamente. Sin embargo, organizaciones independientes aseguran que más de 4.500 internos están involucrados, evidenciando un problema sistémico más amplio relacionado con el hacinamiento y las condiciones carcelarias.

Ante esta crisis, diversos sectores exigen transparencia y revisión de las normativas aplicadas. El conflicto refleja tensiones entre la necesidad de mantener la seguridad dentro de los penales y respetar los derechos fundamentales de los prisioneros. Las próximas decisiones judiciales podrían marcar un precedente importante en la relación entre política penal y derechos humanos en el país.