Isabel Díaz Ayuso, líder de la Comunidad de Madrid, ha pedido la renuncia del fiscal general del Estado y del presidente del Gobierno. Acusa a Pedro Sánchez de orquestar una operación similar al Watergate contra ella. Ayuso afirma que el auto del magistrado Ángel Hurtado revela prácticas ilegales y el uso indebido de la Fiscalía para perjudicarla políticamente. Además, critica duramente la dirección de la Fiscalía General y exige responsabilidades, incluyendo la dimisión del jefe del Ejecutivo por considerarlo un peligro para España.

Una Operación Política en Contra de la Lideresa Regional

Ayuso sostiene que se ha confirmado una maniobra política urdida por el presidente del Gobierno y su entorno con el objetivo de desacreditarla. Según sus declaraciones, el auto judicial evidencia actividades ilícitas y el uso indebido de la Fiscalía para socavar el Estado de derecho y vulnerar los derechos ciudadanos. La presidenta madrileña enfatiza que estas acciones ponen en riesgo la integridad legal del país.

La dirigente regional argumenta que las dinámicas descritas en el auto judicial confirman una trama gubernamental diseñada para atacar a un adversario político, específicamente a ella misma. Insiste en que el documento judicial muestra claramente la utilización de recursos estatales para comprometer la justicia y los derechos individuales, lo cual considera extremadamente grave. Ayuso resalta que esta situación amenaza no solo su propia posición sino también la estabilidad jurídica del país en su conjunto.

Comparaciones con el Escándalo Watergate y Demandas de Renuncia

Ayuso compara la situación actual con el famoso escándalo político de Watergate, subrayando la gravedad de las acusaciones. Considera que el presidente del Gobierno es un peligro para España y pide la dimisión tanto del fiscal general como del mandatario. También critica a la dirección de la Fiscalía General, calificándola de "cuadrilla de Fortuny" y señalándola como un peligro para el Estado de derecho.

Al hacer referencia al caso Watergate, Ayuso busca contextualizar las acusaciones dentro de un marco histórico conocido por su gravedad. Asegura que, al igual que en aquel escándalo estadounidense, existe aquí una manipulación de poderes estatales contra un oponente político. La presidenta madrileña reitera que las instituciones involucradas, especialmente la Fiscalía, han actuado de manera contraria a la ley y deben rendir cuentas. Finalmente, extiende su llamado a la dimisión al propio presidente del Gobierno, describiéndolo como un riesgo para la nación.