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Un reciente fallo judicial ha suspendido temporalmente un controvertido decreto presidencial que buscaba abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Este anuncio, hecho antes de la toma de posesión del ex-presidente Donald Trump, generó preocupación entre las comunidades migrantes y expertos legales quienes argumentaron que tal medida era inconstitucional. La Decimocuarta Enmienda, desde 1868, garantiza la ciudadanía a todos los individuos nacidos en territorio estadounidense, salvo excepciones muy específicas. El bloqueo judicial evita la implementación del decreto, pero miles de familias continúan temerosas ante la posibilidad de que sus hijos nazcan sin ninguna nacionalidad reconocida.

La controversia se intensificó cuando Trump firmó uno de sus primeros decretos, que pretendía despojar de este derecho a los hijos de padres con estatus migratorio irregular. Este movimiento causó alarma y confusión entre muchas familias, especialmente aquellas que buscan asilo o residen bajo programas temporales. Mónica, una profesional venezolana embarazada de doce semanas, expresó su angustia al verse enfrentada a la incertidumbre legal sobre la futura ciudadanía de su hijo. Sin representación diplomática de su país en EE.UU., Mónica teme que su bebé pueda quedar apátrida, es decir, sin nacionalidad alguna.

El problema no afecta solo a personas de países sin embajadas en EE.UU. Los solicitantes de asilo también se encuentran en una situación precaria, ya que no pueden acudir a sus gobiernos para obtener la ciudadanía debido a la persecución que han sufrido. Además, el atasco en los casos de inmigración ha dejado a muchos en limbo, como es el caso de Mónica, quien espera hace seis años una respuesta a su solicitud de asilo. Si el decreto entrara en vigor, podría generar situaciones absurdas dentro de una misma familia, donde algunos hijos serían ciudadanos mientras otros no, lo que podría llevar a separaciones familiares.

La demanda presentada en Maryland por cinco mujeres embarazadas, incluyendo a Mónica, busca detener la aplicación del decreto. Están respaldadas por organizaciones defensoras de derechos humanos. Según Rupa Bhattacharyya, directora legal del Instituto de Protección Constitucional de Georgetown, la ambigüedad del decreto genera dudas sobre quiénes quedarían excluidos de la ciudadanía. Aunque el juez federal John C. Coughenour ha declarado el decreto "descaradamente inconstitucional", aún persisten múltiples demandas en curso en diferentes estados.

La Decimocuarta Enmienda es clara: todas las personas nacidas en EE.UU. son ciudadanas, con raras excepciones. Expertos legales sostienen que ningún presidente tiene el poder de alterar unilateralmente esta interpretación constitucional bien establecida. Thomas A. Saenz, presidente del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación, advierte que la implementación del decreto crearía caos y una clase de apátridas en el país. Por ahora, la decisión judicial ofrece un respiro a las familias afectadas, pero la incertidumbre sigue presente.