El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPC) anunció que la mayoría de los candidatos a jueces y magistrados han proporcionado información relevante sobre sus perfiles a través de una plataforma digital. A partir del 29 de abril, estos aspirantes podrán comenzar oficialmente sus campañas electorales, marcando un hito histórico al ser elegidos por primera vez mediante sufragio popular.
De los 143 postulantes, solo seis aún no han compartido sus datos completos. Las autoridades electorales enfatizan la importancia de que todos los candidatos cumplan con las normativas establecidas para garantizar transparencia durante el proceso electoral. Este evento representa un cambio significativo en la forma de seleccionar a los representantes del poder judicial en la entidad.
La herramienta Conóceles se ha convertido en un recurso clave para facilitar el acceso de la ciudadanía a información detallada sobre los aspirantes judiciales. A través de esta plataforma, se pueden revisar fotografías, trayectorias profesionales y redes sociales de los candidatos.
Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del IEPC, destacó que se encuentra en curso una verificación rigurosa de los datos suministrados. Esto incluye confirmar que las imágenes sean apropiadas, que los enlaces funcionen correctamente y que toda la información sea precisa y completa. Los seis candidatos restantes están siendo contactados activamente para asegurar que toda la información esté disponible antes del inicio de las campañas.
A partir del próximo 29 de abril, los candidatos tendrán la libertad de iniciar sus respectivas campañas sin necesidad de seguir un protocolo específico de arranque. Este nuevo sistema permite que los ciudadanos participen directamente en la elección de jueces y magistrados, algo inédito en la historia de Tabasco.
La consejera presidenta hizo un llamado a los postulantes para que presenten propuestas innovadoras y acordes con las necesidades de la población. Este cambio en el procedimiento de selección busca fortalecer la confianza pública en el poder judicial y garantizar que quienes ocupen estos cargos cuenten con el apoyo democrático necesario. Se espera que este proceso sirva como ejemplo para otras entidades federativas en México.