El Gobierno ha decidido no ajustar el mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a pesar del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). Esta medida, que afecta principalmente a los trabajadores con ingresos más bajos, refleja una postura fiscal que busca equilibrar la recaudación pública sin penalizar desproporcionadamente a estos empleados. Según fuentes oficiales, la mayoría de los trabajadores que perciben el SMI continuarán sin pagar IRPF, mientras que aquellos que sí lo hagan tendrán una carga fiscal menor en comparación con el régimen anterior.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el SMI ha experimentado un incremento significativo, superando ampliamente la inflación acumulada en los últimos años. Este aumento, que ya alcanza los 16.576 euros anuales para 2025, representa un salto del 61% respecto a los 10.302,6 euros de 2018. Aunque no se haya ajustado el mínimo exento del IRPF, el impacto fiscal en los trabajadores de menores ingresos será limitado, según informes técnicos. Se estima que solo un 20% de los perceptores del SMI, aproximadamente 540.000 personas, estarán sujetos a retenciones fiscales.

El Ejecutivo enfatiza que su política fiscal ha beneficiado a las rentas bajas y medias, ofreciendo reducciones históricas en el IRPF. Por ejemplo, un contribuyente soltero sin hijos que gana 16.576 euros anuales pagará 300,03 euros, un monto considerablemente inferior al que hubiera abonado bajo el gobierno del Partido Popular. Además, familias con hijos pequeños no experimentarán retenciones, mientras que otras con hijos mayores tendrán una retención mínima. En términos generales, estas medidas buscan garantizar que el salario mínimo se mantenga cercano al 60% del salario medio, cumpliendo así con estándares internacionales y evitando déficits significativos en los ingresos públicos.

La decisión del Gobierno de no ajustar el mínimo exento del IRPF responde a un esfuerzo por mantener un sistema fiscal justo y sostenible. A pesar de las críticas, especialmente desde el Partido Popular, esta medida busca evitar estigmatizar los impuestos y asegurar que las mejoras salariales beneficien efectivamente a los trabajadores sin crear desequilibrios en las finanzas públicas. El objetivo final es fortalecer el bienestar social y económico del país, promoviendo políticas que favorezcan tanto a los ciudadanos como a la economía nacional.