En 2024, Argentina experimentó una inflación desbocada y cambios significativos en su política económica. La devaluación de la moneda nacional impulsada por el gobierno de Milei a finales de 2023 llevó a un aumento vertiginoso en los precios al consumidor. Paralelamente, el tipo de cambio y la deuda pública crecieron considerablemente, afectando tanto a las finanzas del país como a la economía doméstica. Este artículo explora las consecuencias de estas medidas y su impacto en la estabilidad financiera argentina.
La gestión económica del gobierno de Milei ha resultado en una escalada incesante de la inflación durante 2024. Los índices de precios al consumidor alcanzaron niveles récord debido a la rápida depreciación del peso argentino frente al dólar. Esta situación ha tenido efectos devastadores sobre el poder adquisitivo de la población y ha generado incertidumbre en los mercados financieros locales e internacionales.
El índice de precios al consumidor (IPC) registró un incremento del 117,8% en 2024, principalmente impulsado por la devaluación del peso que superó el 100%. Diciembre de 2023 fue particularmente crítico, con un alza mensual del IPC del 25,5%, lo que sentó las bases para un año marcado por la inestabilidad monetaria. Este fenómeno se reflejó no solo en el aumento generalizado de precios, sino también en la pérdida de valor del salario mínimo, vital y móvil, que quedó muy por debajo del costo de vida básico. Productos esenciales como la leche, que costaban menos de 40 centavos de dólar en noviembre de 2023, alcanzaron valores equivalentes a más de un dólar en febrero de 2025. Esta disparidad entre ingresos y costos de vida generó una crisis social y económica sin precedentes.
La política cambiaria adoptada por el gobierno de Milei ha sido cuestionada por su sostenibilidad a largo plazo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha enfrentado desafíos significativos para mantener la estabilidad del tipo de cambio, mientras que la deuda pública ha aumentado exponencialmente. Estas decisiones han generado preocupación entre los observadores económicos y han afectado la confianza en la capacidad del país para cumplir sus compromisos financieros.
El tipo de cambio oficial se ajustó al 1% mensual desde febrero de 2025, y la tasa de interés de referencia fue reducida del 32% al 29% anual. Estas medidas buscaban mantener el carry trade, una práctica financiera que favorece a los inversores pero perjudica la competitividad industrial del país. Además, la emisión de bonos BOPREAL, que deben ser convertidos en dólares en 2027, ha añadido presión a las reservas internacionales del BCRA. En paralelo, la eliminación del impuesto PAIS para importaciones y la reducción sistemática de aranceles han complicado aún más la situación fiscal. Estas políticas han llevado a una pérdida de competitividad frente a países vecinos y han exacerbado la dependencia del país de los flujos de capital externo. En resumen, la estrategia económica actual parece insostenible y requiere urgentemente una revisión profunda para evitar mayores daños a la economía argentina.