La necesidad de crear estos puntos de encuentro surge de preocupaciones compartidas entre legisladores, expertos y familias afectadas por la falta de espacios adecuados para visitas supervisadas. Este artículo explora cómo esta medida puede revolucionar la forma en que se aborda la convivencia familiar tras separaciones o divorcios.
El concepto detrás de los puntos de encuentro radica en proporcionar un entorno seguro y neutral donde los niños puedan reunirse con sus progenitores no custodios. Actualmente, muchas familias dependen de instalaciones gubernamentales que pueden ser percibidas como amenazantes o inapropiadas para estas interacciones. Por ejemplo, cuando un menor visita a uno de sus padres en un tribunal o estación policial, esto puede generar angustia emocional tanto en el niño como en el adulto.
Para contrarrestar este problema, la representante Wanda del Valle Correa ha presentado un proyecto inspirado en experiencias exitosas de organizaciones comunitarias como Renacer Social. Estas entidades ya ofrecen servicios similares en algunas áreas de la isla, demostrando que existen alternativas viables para mejorar la calidad de las visitas supervisadas.
A pesar de su potencial positivo, implementar esta estrategia enfrenta desafíos significativos relacionados con recursos económicos y humanos. Según Suzanne Roig, secretaria del Departamento de la Familia, aunque existe voluntad política para apoyar la iniciativa, faltan fondos y personal especializado necesario para llevarla a cabo efectivamente.
Entre los profesionales requeridos figuran psicólogos, trabajadores sociales, educadores y abogados, quienes formarían parte de un equipo multidisciplinario encargado de supervisar y facilitar estas reuniones. Además, se ha sugerido la posibilidad de colaboraciones interagenciales que involucren al Departamento de Justicia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Esta integración permitiría optimizar recursos y maximizar impactos beneficiosos.
Además de resolver problemas prácticos, esta propuesta tiene implicaciones profundas en términos de bienestar emocional y social. Al proporcionar un ambiente más acogedor para las visitas supervisadas, se espera reducir niveles de estrés y ansiedad en los niños involucrados, promoviendo relaciones saludables entre padres e hijos incluso después de procesos de separación difíciles.
Los expertos coinciden en que esta medida podría contribuir significativamente a disminuir casos de violencia doméstica y mejorar dinámicas familiares fragmentadas. Sin embargo, también se reconoce la necesidad de desarrollar protocolos claros para manejar situaciones específicas donde pueda existir riesgo de abuso o maltrato infantil.
El proceso legislativo ha generado debates constructivos sobre cómo asegurar financiamiento suficiente para materializar esta visión. El presidente de la Comisión de Bienestar Social, Ricardo Ocasio Ramos, ha manifestado su intención de incluir asignaciones presupuestarias adicionales dentro del Plan Fiscal del gobierno para el período 2025-2026.
Por otro lado, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) ha planteado preguntas clave respecto a quiénes tendrán acceso a estos puntos de encuentro y bajo qué condiciones operarán. Existe consenso en que dichos detalles deben ser definidos claramente para evitar ambigüedades futuras y garantizar equidad en la aplicación del programa.