En España, el sistema del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exige ciertos criterios para acceder a las ayudas por desempleo. Una de las condiciones principales es encontrarse en situación de desempleo y buscar activamente trabajo. Sin embargo, algunas personas intentan aprovecharse del sistema al recibir estas prestaciones mientras realizan actividades laborales no declaradas. Este comportamiento fraudulento puede desencadenar sanciones económicas considerables dependiendo de la gravedad del caso y el impacto sobre la Seguridad Social.

Las autoridades han establecido categorías específicas para determinar las consecuencias legales de tales acciones. Las infracciones leves pueden generar multas que fluctúan entre 751 y 7.500 euros. En situaciones más graves, las penas aumentan considerablemente, alcanzando hasta 225.018 euros en los casos más extremos. Este último rango abarca fraude masivo o prolongado en el tiempo.

Además de factores como el número de empleados involucrados y la duración del fraude, también se evalúa el daño económico causado a la Seguridad Social. Esto permite ajustar las sanciones de acuerdo con la magnitud del problema.

No obstante, las repercusiones no solo afectan a las empresas. Los trabajadores implicados también enfrentan responsabilidades legales. Tendrán que devolver todas las cantidades percibidas indebidamente durante el período en cuestión. Esta medida busca disuadir cualquier tentativa de manipular el sistema.

Con el fin de prevenir este tipo de irregularidades, la Inspección de Trabajo ha intensificado sus esfuerzos para detectar y penalizar prácticas fraudulentas. El objetivo es preservar la integridad del sistema de seguridad social y garantizar que las prestaciones lleguen a quienes realmente las necesitan.