Un reciente estudio de la Fundación Libertad ha revelado una significativa disparidad en los costos del impuesto automotor entre las distintas jurisdicciones argentinas. Este análisis tomó como referencia un Peugeot 208, modelo líder en ventas durante el año 2024, para comparar cuánto pagan los propietarios según su provincia de residencia. El informe destaca que, mientras algunos territorios aplican gravámenes moderados, otros imponen tasas elevadas que superan incluso los ingresos mensuales promedio de un trabajador registrado.

Costos desiguales y su impacto social

En un contexto económico complejo, el informe arroja luz sobre cómo la provincia de Buenos Aires lidera el ranking con un costo anual de $1.146.909 por patente, lo que equivale al 4,72% del valor del vehículo. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $989.171 (4,07%) y Río Negro junto a San Luis con $851.200 (3,5%). En contraste, Chaco presenta la tarifa más baja del país, apenas $145.771 (0,6%). Esta diferencia abismal, que puede ascender hasta siete veces entre las provincias más caras y las más accesibles, refleja inequidades fiscales profundas.

Además, se resalta que esta carga no es exclusiva del impuesto de patente, ya que los dueños de vehículos deben asumir gastos adicionales como seguros, combustible y mantenimiento. En algunas regiones, estos montos sobrepasan incluso el salario mínimo vigente, complicando aún más la situación económica de los ciudadanos.

El informe incluyó también una comparación internacional que evidencia la dimensión del problema. Mientras que patentar un vehículo en Florida, Estados Unidos, cuesta aproximadamente 35 dólares anuales, en Buenos Aires la cifra alcanza los 960 dólares, destacando un desequilibrio preocupante entre ambos países.

Perspectivas y conclusiones

Desde una perspectiva periodística, este estudio pone de manifiesto la necesidad urgente de reformular las políticas fiscales nacionales. La falta de uniformidad genera injusticias territoriales que afectan directamente el acceso a bienes fundamentales como el automóvil. Además, llama la atención sobre cómo estas tasas altas no parecen traducirse en mejoras tangibles en infraestructuras viales o servicios públicos, lo que genera insatisfacción generalizada entre los contribuyentes.

Es fundamental que las autoridades reconsideren estas prácticas impositivas para garantizar una mayor equidad fiscal dentro del país, promoviendo así una movilidad más inclusiva y justa para todos los habitantes.