La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, ha solicitado al Tribunal Supremo que archive la causa en la que se le investiga, igual que al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. La Abogacía del Estado argumenta que no existe ningún indicio sólido de filtración por parte de ningún miembro del Ministerio Fiscal.

Una batalla legal por la transparencia y la confianza en la Fiscalía

Alegaciones de la Fiscal Jefa Provincial

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, ha solicitado al Tribunal Supremo que archive la causa en la que se le investiga, junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Según la Abogacía del Estado, en un recurso de súplica presentado en nombre de Rodríguez Fernández, no es posible que ella haya filtrado información debido a una cuestión de tiempos. La Abogacía argumenta que existe un "error a la hora de delimitar el elemento de sospecha" frente a la fiscal jefa provincial.La Abogacía del Estado sostiene que la filtración del correo de fecha 2 de febrero de 2024 a los medios de comunicación tuvo lugar con anterioridad a que la fiscal jefa provincial recibiera el correo mediante la dación de cuenta por parte de su inferior jerárquico, el fiscal Julián Salto Torres. Por lo tanto, consideran que la premisa sobre la que recae el indicio culpabilístico frente a Rodríguez Fernández "no respeta la realidad de los hechos documentados en la presente causa".

Argumentos de la Abogacía del Estado

Los servicios jurídicos del Estado parten del presupuesto de que "no existe ningún indicio sólido" de filtración por parte de ningún miembro del Ministerio Fiscal. En su recurso, la Abogacía del Estado argumenta que "el día 13 de marzo de 2024, varios medios de comunicación ya tenían acceso a los correos electrónicos con anterioridad a la dación de cuenta que hace el Sr. Salto a mi mandante y ella, a su vez, al Excmo. Fiscal General del Estado".Por lo tanto, la Abogacía considera que la premisa sobre la que recae el indicio culpabilístico frente a Pilar Rodríguez Fernández "no respeta la realidad de los hechos documentados en la presente causa". Sostienen que no existe ningún indicio sólido que apunte a una filtración por parte de la fiscal jefa provincial o del fiscal general del Estado.

Nota de Prensa y Correos Electrónicos

La Fiscalía emitió el 14 de marzo una nota informativa que contenía información sobre la causa contra Alberto González Amador. Según la representación legal del afectado, la noche anterior a la publicación de la nota, esta información ya estaba en manos del fiscal general, la fiscal jefa provincial y el fiscal de Delitos Económicos responsable del caso, Julián Salto.De ahí que la representación legal del afectado considere que la filtración debió hacerla o Pilar Rodríguez o el fiscal general. Sin embargo, la Abogacía del Estado sostiene que los medios de comunicación ya tenían acceso a los correos electrónicos antes de que el fiscal Salto diera cuenta a la fiscal jefa provincial y esta, a su vez, al fiscal general del Estado.

Solicitud de Archivo de la Causa

Ante esta situación, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, ha solicitado al Tribunal Supremo que archive la causa en la que se le investiga, junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. La Abogacía del Estado, en representación de Rodríguez Fernández, considera que no existe ningún indicio sólido de filtración por parte de la fiscal jefa provincial o del fiscal general.La batalla legal se centra en determinar si hubo o no una filtración de información por parte de miembros del Ministerio Fiscal, y en restablecer la confianza en la Fiscalía. La solicitud de archivo de la causa por parte de Pilar Rodríguez Fernández busca poner fin a una investigación que, según la Abogacía del Estado, carece de fundamento sólido.