La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha recurrido la decisión del juez de la Sala Penal Ángel Hurtado de registrar los dispositivos electrónicos del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en medio de una investigación sobre la filtración de información confidencial relacionada con un caso de fraude fiscal que involucra a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Una Batalla Legal que Sacude los Cimientos de la Justicia

Registro Controvertido de los Dispositivos del Fiscal General

La primera diligencia de investigación adoptada por el juez Hurtado fue el registro del despacho del fiscal general, García Ortiz, con el objetivo de acceder y copiar toda la información almacenada en sus dispositivos electrónicos entre el 8 de marzo y el 30 de octubre. Esta medida se enmarca en la investigación de un presunto delito de revelación de datos reservados relacionados con el expediente por delitos fiscales contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Díaz Ayuso.La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Sánchez Conde, ha presentado un recurso en el que cuestiona la falta de justificación y proporcionalidad de esta medida. Según ella, el juez Hurtado no ha proporcionado ningún razonamiento que respalde la "idoneidad, necesidad y proporcionalidad" de la incautación de los dispositivos del fiscal general, que contienen información "ingente, altamente sensible y relativa a una multitud de investigaciones penales en curso".

Cuestionamiento de la Extensión del Registro

Sánchez Conde también critica que el juez Hurtado haya extendido el registro a "toda la documentación" almacenada en los dispositivos de García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, durante casi ocho meses. Según la teniente fiscal, esta medida "excede con mucho" lo solicitado por el querellante, González Amador, quien únicamente pidió acceder a los correos electrónicos que contuvieran una frase específica relacionada con su caso.La teniente fiscal argumenta que el juez Hurtado no ha justificado "el grave daño imprescindible para la tipificación de los hechos como un delito menos grave" de revelación de secretos. Además, señala que la información supuestamente filtrada ya era pública antes de que García Ortiz y Rodríguez accedieran a los correos electrónicos.

Cuestionamiento de la Atribución de Responsabilidad

Sánchez Conde sostiene que las resoluciones del juez Hurtado no contienen "indicio o sospecha fundada alguna que permita la atribución de la conducta delictiva [la revelación del correo] a los querellados". Según ella, lo único que se constata es que García Ortiz y Rodríguez tuvieron acceso al correo, pero no que fueran ellos los responsables de su filtración.La teniente fiscal también señala que el correo en cuestión fue conocido por otros fiscales de delitos económicos, la fiscal superior de Madrid y el propio abogado de González Amador, quien lo remitió al investigado por los delitos fiscales y a su entorno.

Recurso Directo a la Sala de Apelación

Sánchez Conde ha optado por acudir directamente a la Sala de Apelación, en lugar de presentar un recurso de reforma ante el propio juez Hurtado, lo que refleja la gravedad de la situación y la importancia que la Fiscalía del Tribunal Supremo le otorga a este caso.La resolución de la Sala de Apelación será clave para determinar si el registro de los dispositivos del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid fue una medida justificada y proporcionada, o si, por el contrario, supone una injerencia excesiva en la confidencialidad de las investigaciones penales en curso.