La lucha por el acceso a la información pública en Argentina: un largo camino hacia la transparencia
La sanción de la Ley Nacional 27.275 en 2016 marcó un hito en la historia de Argentina, al regular el acceso a la información pública. Sin embargo, el reciente Decreto 780/24 del Poder Ejecutivo Nacional ha despertado preocupación y rechazo en diversos sectores, al limitar el ejercicio de este derecho fundamental. En este contexto, es crucial reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún quedan por superar para consolidar una democracia más transparente y participativa.La transparencia: un pilar fundamental de la democracia
El acceso a la información pública es un derecho esencial para la ciudadanía, ya que les permite ejercer un control efectivo sobre los actos de gobierno y participar en la toma de decisiones. Este derecho, consagrado en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales, es fundamental para prevenir abusos, combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.La sanción de la Ley 27.275 representó un logro importante, fruto de más de una década de reclamos y esfuerzos de diversas organizaciones sociales, medios de comunicación y trabajadores de prensa. Este proceso incluyó la presentación de múltiples proyectos de ley, debates en el Congreso y un cambio de paradigma en la gestión pública, evidenciando la creciente necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.Un retroceso inesperado
Sin embargo, el reciente Decreto 780/24 ha venido a poner en jaque estos avances. Al modificar el alcance del concepto de Información Pública, introducir nuevas excepciones y requisitos para solicitar información, e incorporar la figura del "Abuso del Derecho", este decreto abre la puerta a una mayor discrecionalidad de los funcionarios y pone en riesgo el ejercicio efectivo de este derecho por parte de la ciudadanía.Estas medidas han sido ampliamente rechazadas por un amplio espectro político y por diversas organizaciones de la sociedad civil. Existe un consenso generalizado de que una mejor democracia no puede darse el lujo de retroceder en los derechos conquistados, y que es fundamental contar con un gobierno transparente, que favorezca el diálogo y la participación ciudadana.La importancia de la Corte Suprema
En este contexto, cobra especial relevancia el papel de la Corte Suprema de Justicia, que históricamente ha fallado a favor del derecho de acceso a la información pública. La designación de los nuevos integrantes de este órgano, propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, será un factor clave para determinar la posición del máximo tribunal frente a este conflicto. Es importante que la Corte mantenga su postura de defender la transparencia y el derecho ciudadano a conocer los actos de gobierno.El rol de los candidatos presidenciales
Asimismo, es fundamental conocer y reflexionar sobre la posición que tienen los candidatos presidenciales respecto al acceso a la información pública. En un contexto de polarización política, es crucial que los futuros líderes del país se comprometan a garantizar y fortalecer este derecho, como parte de su agenda de gobierno. Sólo así podremos avanzar hacia una democracia más consolidada y confiable.El camino por recorrer
Si bien se han logrado importantes avances en materia de transparencia, aún queda mucho por hacer para garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho para toda la ciudadanía. La sanción de la Ley 27.275 fue un hito, pero su implementación ha mostrado desafíos y limitaciones que deben ser abordados. Es necesario seguir trabajando para mejorar los mecanismos de acceso a la información, fortalecer las instituciones y generar una cultura de apertura y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.En definitiva, el acceso a la información pública es un pilar fundamental de la democracia que no puede ser cedido ni limitado. La lucha por la transparencia en Argentina es una tarea inconclusa, que requiere el compromiso y la participación de toda la sociedad. Sólo así podremos construir un país más justo, equitativo y con instituciones sólidas y confiables.
