En la ciudad de Torreón, Coahuila, el proceso de auditoría del sistema de prepago ha enfrentado dificultades significativas. Debido a la falta de colaboración de los concesionarios miembros del Comité Técnico del fideicomiso, el contralor municipal, Miguel Ángel Zúñiga Chávez, informó que solo se ha logrado un 60% de avance en esta evaluación. Los informes requeridos sobre el padrón de usuarios y los servicios cobrados con tarjeta no han sido proporcionados, lo que ha retrasado el proceso durante más de tres meses. Esta situación surge tras una denuncia de transportistas que alegan no recibir lo que les corresponde del fideicomiso.

Detalles de la Situación Actual en Torreón

En el corazón del norte de México, en la ciudad de Torreón, durante estos días finales de diciembre de 2024, la administración municipal se encuentra en un impasse crítico. La auditoría del sistema de prepago, iniciada hace varios meses, se ha visto obstaculizada por la ausencia de información crucial. Según declaraciones del contralor municipal, Miguel Ángel Zúñiga Chávez, los datos necesarios para completar la revisión solo han llegado parcialmente, específicamente desde el banco encargado del manejo del fondo.

Para avanzar efectivamente, sería esencial cotejar los registros bancarios con los de las empresas y el fideicomiso. Sin embargo, esta tarea resulta imposible debido a la negativa de los concesionarios a participar en las sesiones convocadas por el Ayuntamiento. Frente a este desafío, el área Jurídica y la Secretaría del Ayuntamiento están trabajando en un proceso legal para obligar a la entrega de los informes o aplicar sanciones por incumplimiento. A pesar de estas dificultades, el seguimiento del caso continuará hasta el próximo año.

Desde una perspectiva de observador, esta situación subraya la importancia de la transparencia y la cooperación entre todas las partes involucradas en proyectos públicos. El retraso en la auditoría no solo afecta la confianza pública en las instituciones locales, sino que también pone en tela de juicio la eficacia de los mecanismos de control y rendición de cuentas. Es fundamental que tanto el gobierno como los concesionarios trabajen juntos para garantizar la transparencia y la justicia en el manejo de fondos públicos.