En los últimos meses, ha aumentado significativamente el número de propietarios que optan por vender sus viviendas mientras aún están ocupadas por inquilinos. Esta tendencia surge como respuesta a las altas cotizaciones del mercado inmobiliario y cambios regulatorios recientes en el alquiler. Aunque estos inmuebles suelen comercializarse con descuentos respecto a precios de mercado, también presentan ciertos riesgos asociados.

El fenómeno se vincula tanto con herencias como con decisiones estratégicas de inversores que buscan maximizar ganancias. Asimismo, esta práctica enfrenta desafíos legales y financieros, incluyendo restricciones bancarias en cuanto a financiamiento hipotecario y posibles complicaciones derivadas de derechos contractuales de los arrendatarios.

Oportunidades para Compradores e Inversores

Este modelo de venta ofrece importantes beneficios para quienes buscan inversiones rentables o adquirir una propiedad a un precio reducido. Las casas con contratos de arrendamiento vigentes suelen estar disponibles con rebajas considerables debido al menor interés de algunos compradores tradicionales.

La venta de inmuebles ocupados representa una alternativa atractiva para aquellos interesados en obtener ingresos pasivos desde el primer momento. Estos activos generalmente se venden entre un 10% y un 20% más baratos que otras propiedades similares sin inquilinos. Este descuento compensa el riesgo inherente al posible impago de rentas futuras. Además, inversores experimentados valoran la conveniencia de no tener que buscar nuevos arrendatarios tras la compra, lo que simplifica considerablemente el proceso de inversión. Sin embargo, estas transacciones requieren una evaluación cuidadosa debido a las condiciones específicas de cada contrato.

Implicaciones Legales y Financieras

Adquirir una casa con contrato de arrendamiento vigente trae consigo diversos aspectos legales y financieros que deben ser considerados antes de cerrar cualquier acuerdo.

Desde el punto de vista legal, los compradores deben familiarizarse con los términos establecidos en el contrato original entre el anterior propietario y el inquilino. En ausencia de cláusulas especiales como opciones de compra o retracto, el nuevo dueño asume automáticamente la posición del arrendador bajo las mismas condiciones pactadas previamente. Esto garantiza la continuidad del arreglo hasta su finalización natural. Por otro lado, desde la perspectiva financiera, las entidades bancarias tienden a ser más reacias a otorgar préstamos hipotecarios amplios para este tipo de operaciones, limitándose a proporcionar hasta un 60% del valor tasado del inmueble. Esta restricción puede afectar negativamente a compradores que dependan fuertemente del crédito para completar la adquisición.