El gobierno español ha puesto en marcha un ambicioso programa de avales destinado a mitigar los efectos de las recientes medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos. Con una inversión inicial de 1.000 millones de euros, esta iniciativa busca fortalecer la liquidez y respaldar proyectos estratégicos de empresas afectadas. Este esfuerzo forma parte del "Plan de Recuperación y Relanzamiento", diseñado para proteger tanto a compañías como a trabajadores mediante el uso de recursos financieros accesibles.

Este plan contempla dos modalidades específicas: una dirigida a cubrir necesidades urgentes de flujo de caja y otra enfocada en financiar transformaciones empresariales clave. Ambas ofrecen condiciones flexibles y plazos amplios para facilitar su implementación hasta mediados de 2026.

Fortalecimiento de Liquidez Empresarial

La primera fase del programa se centra en asegurar que las empresas mantengan suficiente capital circulante durante este período de incertidumbre económica. A través de avales parciales otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), estas organizaciones pueden acceder a préstamos bancarios con términos más accesibles.

Dentro de esta categoría, se han asignado 750 millones de euros para apoyar principalmente a pequeñas y medianas empresas cuyas operaciones comerciales dependen significativamente del mercado estadounidense. Los créditos tienen un límite de cobertura del 80% y permiten periodos de amortización extensos, incluyendo uno o más años sin intereses iniciales. Esta estrategia no solo busca resolver problemas temporales de tesorería sino también garantizar la estabilidad operativa a largo plazo.

Inversión en Transformaciones Estratégicas

Adicionalmente, el programa ofrece incentivos financieros para aquellas empresas que deseen reconvertir sus modelos de negocio ante cambios disruptivos en el entorno internacional. Para ello, se reservan 250 millones de euros específicamente destinados a financiar innovaciones tecnológicas y ajustes estructurales.

En esta segunda modalidad, las compañías pueden solicitar fondos para proyectos de inversión con cobertura máxima del 80%. Las cantidades menores al millón de euros serán gestionadas directamente por instituciones financieras colaboradoras mientras que las mayores requerirán cofinanciamiento junto con el ICO. Además, estos préstamos cuentan con plazos máximos de amortización de diez años y tres años sin pagos de capital inicial. Este enfoque permite a las empresas adaptarse proactivamente a nuevas realidades globales, promoviendo competitividad y sostenibilidad económica.